Sin respuestas ante la denuncia por la subasta de animales vivos en un municipio zamorano

La Asociación Nacional para la Protección y el Bienestar de los Animales (ANPBA) ha presentado una queja formal ante la administración autonómica por la falta de respuesta a la denuncia registrada en enero de 2025, relativa a la presunta utilización de animales vivos —gallos, conejos y un cerdo— en una subasta celebrada en un municipio de la provincia de Zamora.

Según expone ANPBA, la administración competente en materia de agricultura mantiene un silencio prolongado e injustificado sobre el expediente, pese a que han transcurrido aproximadamente once meses desde la presentación de la denuncia sin que se haya dictado resolución ni se haya comunicado notificación alguna a la entidad denunciante.

La asociación recuerda que la normativa estatal de procedimiento administrativo establece un plazo general para resolver y notificar las solicitudes, un límite temporal que, según subraya, se ha superado ampliamente en este caso, sin que exista constancia de actuación administrativa que justifique la demora.

Derecho ciudadano a la queja

En su escrito, ANPBA fundamenta su reclamación en la normativa autonómica que regula los derechos de la ciudadanía en su relación con la administración y la gestión de los servicios públicos, la cual fija principios como la eficiencia, la celeridad y la obligación de garantizar un funcionamiento adecuado de los órganos administrativos.

La entidad destaca que esta normativa reconoce expresamente el derecho de la ciudadanía a presentar quejas cuando detecten retrasos, desatenciones o anomalías en el funcionamiento de los servicios públicos, circunstancias que, según la asociación, se ajustan a la situación generada por la ausencia de resolución en el expediente sobre la subasta con animales vivos.

ANPBA señala también que la normativa autonómica sobre calidad e innovación en los servicios públicos define la queja como la manifestación de disconformidad ante demoras o deficiencias en la prestación de los servicios, y establece que su tramitación debe realizarse con rapidez, especialmente cuando la urgencia resulta esencial para garantizar la eficacia de posibles mejoras.

La asociación recuerda que las quejas ciudadanas deben ser objeto de análisis en los informes anuales que la administración autonómica remite a la cámara legislativa regional, donde se evalúa el funcionamiento de los servicios públicos y la implantación de la administración electrónica, lo que refuerza la importancia de que estas manifestaciones sean atendidas y gestionadas adecuadamente.

Según ANPBA, la presentación de esta queja formal tiene un doble propósito: instar al departamento competente a resolver el expediente conforme a los principios de celeridad y eficiencia, y contribuir a la defensa del interés general de la ciudadanía en su relación con las administraciones públicas, especialmente en lo relativo al cumplimiento de los plazos y obligaciones procedimentales.

La asociación precisa que esta actuación se suma a otra gestión ya iniciada ante la institución autonómica encargada de velar por los derechos de la ciudadanía, donde también se ha presentado una queja por los mismos hechos y cuya tramitación continúa en curso, mientras persiste la ausencia de resolución por parte de la administración competente.