El Supremo revisa la trama que usó Benavente como punto de envío de cannabis a Europa

El Tribunal Supremo está estudiando los recursos de casación interpuestos por varios condenados, después de que la Audiencia Provincial de Valladolid y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León confirmaran las penas impuestas por delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. Benavente fue uno de los puntos de origen de la investigación que llevó a desarticular una red dedicada al envío sistemático de cogollos de cannabis desde España hacia Holanda y Bélgica.

Según los hechos probados, el grupo estaba integrado por varias personas de nacionalidad china, con residencia legal en España y sin antecedentes penales. Desde al menos diciembre de 2021 se habrían dedicado a recibir, preparar y distribuir cogollos de cannabis desde un domicilio situado en Rivas-Vaciamadrid, donde la sustancia se envasaba al vacío y se empaquetaba en cajas de cartón para su posterior envío.

La estructura utilizaba empresas de paquetería y puntos de recogida en distintas provincias de Castilla y León, entre ellas Zamora, Burgos, Salamanca y Valladolid. Los paquetes se remitían con identidades falsas y tenían como destino principal Holanda, aunque algunos envíos se dirigían también a Bélgica.

Intercepción en la ciudad

En este contexto, el 31 de mayo de 2022 se interceptaron en las instalaciones de UPS en la calle Las Antillas Benavente dos paquetes que habían sido entregados previamente en un punto de recogida de Salamanca. El transporte se realizó utilizando un vehículo propiedad de un familiar ajeno a los hechos.

Los paquetes intervenidos en Benavente figuraban como remitidos desde Salamanca por personas identificadas con nombres ficticios y contenían cogollos de cannabis con un peso neto total de 8,34 kilogramos y una riqueza del 22,16 %. Los destinatarios se encontraban en dos direcciones distintas de Países Bajos.

La incautación de Benavente se suma a otros envíos interceptados en Castilla y León, entre ellos trece cajas localizadas en Valladolid en febrero de 2022 con un total de 87,49 kilos de cannabis, así como paquetes intervenidos en Fuentespina (Burgos), Zamora y otros puntos, con pesos que oscilaban entre 4 y casi 10 kilos por envío.

La investigación culminó con varias entradas y registros autorizados judicialmente el 16 de noviembre de 2022. En un domicilio de Madrid, utilizado para custodiar los beneficios de la actividad, se intervino dinero en efectivo por valor de 176.020 euros, además de otros 193.000 euros arrojados al patio de una vivienda durante el registro.

Condenados en Valladolid

Las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Valladolid incluyeron penas de entre 2 y 4 años y medio de prisión por delitos de tráfico de drogas, así como multas que alcanzaron hasta 1.500.000 euros. También se impusieron penas de 6 meses de prisión por pertenencia a grupo criminal y el comiso de varios vehículos utilizados en los desplazamientos.

Los recursos de casación planteados ante el Tribunal Supremo alegan, entre otros motivos, indebida aplicación de dos artículos del Código Penal, error en la apreciación de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Los recurrentes sostienen que no se ha acreditado su pertenencia a un grupo criminal, que la droga estaba destinada al autoconsumo y que no existen vigilancias ni intervenciones telefónicas que acrediten actividad de venta.

También se cuestiona la agravación por notoria importancia, la validez de una rueda de reconocimiento practicada un año después de los hechos y la negativa de los tribunales a aplicar atenuantes por adicción a sustancias estupefacientes. Asimismo, se discute la individualización de la pena en el concurso de normas.

El Ministerio Fiscal ha solicitado la inadmisión de todos los motivos y, subsidiariamente, su desestimación. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo deberá resolver ahora sobre la admisibilidad y el fondo de los recursos.

Suscríbete para seguir leyendo