Acceso limitado por renta: así serán los criterios para optar a las 36 viviendas protegidas de Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha establecido un marco de acceso económico para las futuras 36 viviendas protegidas que se construirán en la ciudad, tras la firma de un convenio con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León. El acuerdo determina que solo podrán optar a la promoción quienes acrediten ingresos familiares comprendidos entre una y cinco veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que en 2026 supone entre 7.200 y 36.000 euros anuales en 12 pagas, o entre 8.400 y 42.000 euros en 14 pagas.

El documento fija como criterio económico que los solicitantes deberán situarse entre los 600 euros mensuales mínimos y los 3.000 euros mensuales máximos, según el IPREM vigente en 2026. Además, deberán estar inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda de Protección Pública de Castilla y León y no ser titulares de otra vivienda en España, salvo en casos en los que no puedan ocuparla por causas no imputables, como situaciones de proindiviso o desplazamientos laborales superiores a 50 kilómetros.

El convenio incorpora también un beneficio adicional para menores de 36 años, que podrán acceder a una reducción del 20% sobre el precio máximo de venta de las viviendas, según la nota incluida en el expediente. Este criterio se aplicará únicamente a quienes cumplan el resto de requisitos económicos y administrativos establecidos.

Cesión y bonificación

El acuerdo contempla la cesión gratuita a la sociedad pública de una parcela municipal situada en la Avenida Plaza de Toros número 29, con una superficie de 1.025 metros cuadrados y clasificada como suelo urbano consolidado. La finca se encuentra libre de cargas y reúne las condiciones urbanísticas necesarias para su edificación, según la ficha técnica incorporada al expediente.

El Ayuntamiento asume diversas obligaciones, entre ellas la tramitación del expediente de cesión, la certificación de la firmeza del acuerdo administrativo, la bonificación del 95% del impuesto sobre construcciones y obras y la selección de los adjudicatarios mediante prospección de demanda, elaboración de bases y revisión de documentación. También se compromete a priorizar la tramitación de licencias y tasas vinculadas al proyecto.

Por su parte, la sociedad pública asumirá la promoción completa de la actuación, incluyendo la redacción del proyecto básico en un plazo de seis meses, la elaboración del proyecto de ejecución, la contratación de las obras y la dirección facultativa. La construcción deberá completarse en un máximo de veinte meses desde el inicio de los trabajos, tras lo cual se solicitará la licencia de primera ocupación y se gestionará la compraventa con los adjudicatarios.

El convenio regula el régimen de reversión de la parcela en caso de incumplimiento por parte de la sociedad pública, estableciendo que el Ayuntamiento recuperaría la propiedad del terreno y de las edificaciones ejecutadas sin compensaciones económicas entre las partes. No se considerarán incumplimientos los retrasos derivados de fuerza mayor o caso fortuito.

El acuerdo tendrá una vigencia máxima de cuatro años, prorrogables por otros cuatro mediante acuerdo unánime. Su seguimiento se realizará a través de una comisión integrada por un representante de cada institución, encargada de supervisar la ejecución y resolver incidencias.

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