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Tribunales

La jueza archiva la querella contra Atilana Martínez: actuó dentro de la ley

El pago y la recepción de obras se hizo con informes técnicos que descartan que la exalcaldesa de Burganes prevaricara, malversara y falsificara facturas

Atilana Rodríguez, exalcaldesa de Burganes de Valverde.

Atilana Rodríguez, exalcaldesa de Burganes de Valverde. / L.O.Z. (ARCHIVO)

La jueza acaba de archivar la querella contra la exalcaldesa de Burganes de Valverde y actual diputada provincial del PP, Atilana Martínez Mayado, interpuesta por el actual equipo de Gobierno de Ahora Decide por prevaricación, malversación de caudales público y falsificación documental al descartar que la regidora actuara "a sabiendas de que su decisión era injusta". Tampoco tomó la decisión "de forma arbitraria", sino ateniéndose a informes técnicos.

Los dirigentes municipales de Ahora Decide acusan a la exregidora municipal de favorecer a su cuñado con la adjudicación de obras menores y al constructor de iniciales D.F.D., también acusado de falsificar facturas, imputaciones de las que el Tribunal de Instancia de Benavente no ha hallado pruebas para continuar la investigación. El auto, contra el que cabe recurso a la Audiencia de Zamora, descarta el pago injustificado de 36.806,90 euros por trabajos encargados entre el 10 de septiembre de 2019 y mayo de 2023, principalmente, al constructor, pero alguna de menor cuantía al hermano del marido de Atilana Martínez, inversiones que se corresponderían con dieciséis facturas. No existen evidencias de ilegalidades en la emisión y el abono de las mismas, aunque pueda haber irregularidades administrativas que deberán dirimirse en la Sección del Contencioso (antes Juzgado de lo Contencioso), apunta el auto de archivo de la causa en vía penal.

La también diputada provincial del PP durante un pleno de la institutición. | L.P.Z. (ARCHIVO)

La también diputada provincial del PP durante un pleno de la institutición. | L.P.Z. (ARCHIVO)

Los trabajos cuestionados se refieren a la pavimentación de la avenida de San Isidro, adjudicada a D.F.D. por 12.731,88 euros y recibida en junio de 2023, sobre la que se sospechaba que incumplió el contrato respecto de la cantidad de hormigón estipulada, lo que implicaría la estafa y la falsedad en documento oficial. La clave estaría en la firma de la certificación del final de la obra que efectuó Atilana.

La jueza insiste en que, cuando firmó el documento, la política desconocía que la obra no había acabado cuando certificó la obra, que lo supo cuando vio la querella. Y es que el nuevo equipo de Gobierno de Ahora Decide varió el último tramo de calle a pavimentar.

La obra, pues, había acabado cuando ella la recepcionó y los trabajos posteriores no se pagaron, "no hay perjuicio económico" para el Ayuntamiento, sostiene la jueza, para lo que se basa en el informe de la secretaria municipal que dio por hecha la obra con la certificación y levantó el acta de recepción, aunque terminó con el actual regidor.

Por último, el técnico de la obra, el ingeniero F.J.M., que continúa trabajando para el Ayuntamiento de Burganes, aclaró que la actuación en la avenida de San Isidro se ejecutó en base a una memoria no de un proyecto constructivo, así como que el 14 de junio de 2023 no se había termiando, pero que se firmó para cerrar el expediente ante el cambio del mandato municipal tras las elecciones y a sabiendas que en breve estarían hechas como así ocurrió el 3 de agosto, de lo que tenía conocimiento el actual alcalde, Christopher Ferrero Prieto, quien también sabía que estaba completamente abonada antes de esta última fecha.

Los encargos verbales al cuñado, práctica heredada

Las facturas que Atilana Martínez Mayado firmó para abonar obras menores al hermano de su marido, a B.F.V., no pueden conllevar una condena en vía penal, serían, a lo sumo, son irregularidades administratives y fiscales porque no incluir el IVA, indica la jueza. Estas reparaciones, retirada de árboles, actuaciones urgentes o pequeñas obras "se venían encargando de forma verbal tanto antes como después del mandato" de Atilana Martínez, declaróla secretaria municipal.

La funcionaria no tramitaba expedientes previos ni de fiscalización anticipada, conocía los encargos cuando llegaban las facturas y comprobaba si se habían realizado acorde con el gasto. Los decretos de Alcaldía servían para aprobar los pagos que "no eran elevados ni constantes" al concluir el ejercicio presupuestario, "se trataba de actuaciones diversas y no homogéneas, por lo que no apreciaba un fraccionamiento fraudulento" de un mismo contrato.

El concejal de Obras, José María Zarza Cid, declaró que "muchos trabajos de Olmillos los encargaba él mismo de manera verbal porque eran de poca entidad" que el cuñado de la exalcaldesa era vecino del municipio, lo que evitaba mayores costes de desplazamientos". La jueza considera que no se observa trato de favor por la relación familiar entre B.F.V. y Atilana Martínez.

La pista de Olmillos y la antigua laguna

La exalcaldesa de Burganes de Valverde tampoco cometió ilegalidades de tipo penal, sin descartar las administrativas, en el abono del cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde, inversión que se vio incrementada porque el terreno resultó ser una antigua laguna o terreno de relleno, lo que complicó la actuación y encareció el proyecto inicial de 33.300,89 euros, adjudicada a D.F.D., a quien se pagaron otros 9.533,59 euros a mayores por esa cuasa.

Fue preciso "excavar a más profundidad y emplear mayor cantidad de material del inicialmente previsto", recoge el auto de archivo de la querella del Tribunal de Instancia de Benavente. La secretaria municipal comprobó estas circunstancias con el técnico municipal, quien le confirmó que "los precios eran correctos y de marcado".

El Ayuntamiento de Burganes tuvo que asumir el sobrecoste de unos trabajos ya ejecutados, "no existía posibilidad material de tramitar un nuevo expediente en ese momento". La funcionaria justificó el pago "para evitar un perjuicio al contratista y un enriquecimiento injusto del Ayuntamiento". La Diputación de Zamora subvencionaba la obra y "no permitía que se superaba el importe", por lo que " se optó por una factura separada" a cargo del Consistorio. El concejal de Obras, José María Zarza Cid, corroboró estos datos.

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