El derribo municipal en Colinas de Trasmonte de una casa del Obispado acaba en el juzgado

El Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales ejecutó a mediados de diciembre el derribo subsidiaria de un inmueble en el número 51 de la calle Mayor de Colinas de Trasmonte que amenazaba colapsar y suponía un "peligro inminente para las personas y bienes cercanos".

La ejecución del derribo se produjo después de que el Consistorio constatase que el Obispado de Astorga es el propietario de la finca, según consta en el Registro de la Propiedad, y de notificarle la orden de ejecución, que se negó a cumplir. El expediente llevaba meses en trámites y tras el derribo el Obispado de Astorga, que niega ser titular del inmueble, ha acudido a los tribunales rechazando pagar el coste de la actuación subsidiaria.

El expediente se inició hace casi un año, en enero de 2025. Entonces la Alcaldía emitió una resolución declarando el estado de ruina del inmueble en base a los informes técnicos y notificó al Obispado de Astorga, como titular, para que se hiciera cargo del derribo. El Obispado negó ser el propietario. Contestó al Ayuntamiento que en el año 2007 había vendido la casa a un vecino, aunque al parecer la transacción no se llegó a completar, al igual que el cambio de inscripción en el Registro.

En julio, el Ayuntamiento resolvió ante la posición del Obispado de Astorga que los trabajos de demolición serían ejecutados municipalmente mediante contrato menor, ante el riesgo evidente que la edificación suponía para el inmueble colindante. La actuación se fundamentó en la competencia municipal en materia urbanística y en la obligación de garantizar la seguridad pública y la protección de las personas y bienes.

Los gastos derivados de la ejecución subsidiaria recaerían sobre la Diócesis de Astorga, titular de la propiedad afectada según el expediente. La resolución fijó una provisión de fondos de 6.582,57 euros, IVA incluido, para la realización de las obras, y de 1.391,50 euros, también con IVA, para la redacción del proyecto técnico.

Licencia para una segregación

El Obispado de Astorga presentó un recurso de reposición reiterando no ser el propietario del bien. Sin embargo, en el año 2013 solicitó formalmente licencia como propietario para un procedimiento de segregación de la finca, lo que fue tenido en cuenta por el Ayuntamiento en la resolución que le atribuye la condición de obligado al pago de los costes de demolición y del proyecto.

El inicio del derribo fue comunicado oficialmente el 9 de diciembre de 2025, fijándose como fecha prevista para los trabajos el día 10. La ejecución fue supervisada por los servicios municipales y llevada a cabo por una constructora contratada, ante el riesgo real y previsible de colapso y derrumbe del edificio.

La notificación al Obispado de Astorga detalló la deuda que deberá abonar al Ayuntamiento de acuerdo con los plazos previstos en la Ley General Tributaria. El Obispado de Astorga, tras la notificación, ha recurrido la resolución municipal ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora.

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