Los regantes del Páramo Bajo en León y la comarca de Benavente "pagarán la tarifa un 173% más cara"

La Comunidad de Regantes del Páramo Bajo, que agrupa a explotaciones agrícolas de 37 municipios de León y del norte de la comarca de Benavente, ha lanzado una advertencia pública sobre el grave riesgo que afronta el futuro del territorio tras las decisiones adoptadas por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y ratificadas por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (TEAR). Según un comunicado de los regantes, ambas instituciones han quebrado un compromiso histórico que permitió el nacimiento y desarrollo del regadío en la comarca.

En 1995, el entonces presidente de la CHD, José María de la Guía, con respaldo del Secretario de Estado para las políticas del agua y el medio ambiente y del Director de Obras Hidráulicas, estableció mediante resolución expresa que los agricultores no asumirían los costes de la energía ni del mantenimiento de la elevación de Villalobar. La CHD se comprometió a cubrir esos gastos con los ingresos procedentes de la explotación del Salto Hidroeléctrico de Sahechores. Este acuerdo fue la base para la creación de la Comunidad de Regantes, tras descartarse el fallido proyecto del Pantano de las Omañas.

La modernización de las infraestructuras de riego, que afectó a 24.200 hectáreas y supuso un endeudamiento superior a los 40 millones de euros, se llevó a cabo bajo la premisa de que los costes de elevación quedarían cubiertos por la CHD. La Comunidad subraya que, de haberse exigido el pago de dos elevaciones desde el inicio, nunca se habría constituido la entidad ni se habría retenido población joven en el campo.

Modificación de criterio

Nueve presidentes anteriores de la CHD validaron durante tres décadas la resolución de 1995. Sin embargo, la actual presidenta, María Jesús Lapuente, firmó en 2023 las tarifas de la Comunidad respetando el compromiso y en 2024 modificó el criterio, imponiendo a los regantes el pago de los costes de elevación. La Comunidad denuncia que este cambio rompe las reglas del juego a mitad de la partida.

El coste de bombeo y energía, que en 2021 ascendió a unos 2,5 millones de euros, se disparó en 2022 hasta los 12 millones, para volver a situarse en torno a 2,5 millones en 2023. La Comunidad atribuye esta desviación a la gestión centralizada de la energía generada por el Salto Hidroeléctrico de Sahechores. Pese a reconocer la anomalía, la CHD pretende trasladar el gasto a los agricultores.

La tarifa de utilización del agua ha experimentado un incremento del 173%, una cifra que la Comunidad considera inasumible para cualquier explotación agrícola y ajena al consumo o gestión de los regantes. La resolución del TEAR del 4 de diciembre consolida este cambio de criterio, sin atender la resolución de 1995 ni los treinta años de aplicación pacífica del modelo.

El impacto de esta decisión amenaza la amortización de las infraestructuras modernizadas, compromete el futuro de cientos de familias agrícolas y pone en riesgo el tejido económico de los 37 municipios dependientes del regadío. La Comunidad anuncia que interpondrá recurso ante el Tribunal Económico-Administrativo Central y, si es necesario, acudirá a la vía judicial.

La defensa del regadío, según el comunicado, no es solo una cuestión económica, sino la garantía de la vida en los pueblos, del empleo agrario y del futuro de toda la comarca. La Comunidad convocará asambleas informativas para explicar a regantes y propietarios afectados las consecuencias de esta situación sobre la continuidad de la actividad agrícola.

El presidente de la Comunidad, Herminio Medina Casado, exige a la CHD que explique públicamente las razones de este cambio de criterio y ha invitado a su presidenta a un debate público ante los regantes y la sociedad. El objetivo es que se aclaren las consecuencias reales de esta decisión sobre el futuro del Páramo Bajo.