La jueza abre una pieza separada en el caso del apuñalamiento de Olleros de Tera

La titular del Tribunal de Instancia de la Sección Civil y de Instrucción número 1 de Benavente, la jueza María Elena Yáñez Ojeda, ha dictado un auto de apertura de una pieza separada que incluye una batería de diligencias a partir de las medidas cautelares solicitadas por el abogado de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera, Ismael Pérez Pérez, que se investiga como un intento de homicidio.

El pasado día 11 la acusación particular contra el empresario Daniel Álvaro Ramos García, solicitó que este continuara en prisión. En otro escrito pidió que se modificará la tipificación penal de intento de homicidio a intento de asesinato por desvalimiento de la víctima. A su vez, la defensa del investigado solicitó la ampliación de la inspección ocular realizada por la Guardia Civil y cuatro días más tarde, presentó dos escritos solicitando la práctica de diligencias de instrucción, así como también la petición de reconstrucción de hechos.

Sobre ambas peticiones se ha pronunciado la titular del Tribunal en este auto, que lleva fecha de hoy. La jueza ha ordenado la apertura de una pieza separada para abordar las medidas cautelares solicitadas por la representación de la víctima. En este contexto, se ha requerido a la defensa del agresor para que, en un plazo de tres días, formule alegaciones sobre la medida cautelar propuesta. Del mismo modo, ha dispuesto la averiguación patrimonial del investigado con el objetivo de evaluar su capacidad para afrontar una posible responsabilidad civil derivada del procedimiento.

Muestras de sangre

Entre las diligencias acordadas, se incluye la intervención de la Policía Científica, que deberá proceder a la toma de muestras de sangre en la zona de entrada del albergue donde ocurrieron los hechos, aplicando reactivos químicos, incluido el luminol, si fuera necesario, para detectar vestigios biológicos.

La jueza también ha requerido a la Guardia Civil que aporte todas las fotografías tomadas durante la inspección ocular que no hayan sido incorporadas al expediente. En caso de que ya se hayan entregado todas las imágenes, se deberá comunicar formalmente al Tribunal.

Por otro lado, se ha solicitado a la representación de la víctima que informe sobre la fecha en que Ismael Pérez podrá acudir a sede judicial para prestar declaración en calidad de perjudicado, así como que indique su actual lugar de residencia.

En cuanto a la solicitud de reconstrucción de los hechos presentada por la defensa del investigado, la juez ha decidido que no procede en este momento, a la espera de que el perjudicado sea escuchado en sede judicial. No obstante, se deja abierta la posibilidad de reconsiderar esta diligencia tras dicha comparecencia.

La resolución también establece la declaración de varios agentes de la Guardia Civil y cita al padre del investigado como testigo, a través de su representación legal, o bien se solicita que se faciliten sus datos para proceder a su citación.

La juez ha requerido a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en calidad de perjudicada, que aporte las facturas correspondientes a los gastos sanitarios abonados por la atención médica prestada a Ismael Pérez, y se ha ordenado el ofrecimiento de acciones correspondiente.

Conversaciones de WhatsApp

En relación con las comunicaciones entre las partes, se ha requerido al investigado que aporte las conversaciones de WhatsApp mantenidas con el perjudicado, especialmente aquellas que contengan amenazas. Estas serán cotejadas por el Letrado de la Administración de Justicia. También se ha acordado el cotejo de los mensajes aportados por el perjudicado que ya obran en las actuaciones.

La juez ha solicitado a la Guardia Civil que identifique al “amigo en común” que facilitó el contacto entre la víctima y el agresor, y ha ordenado la elaboración de un informe forense sobre el estado de sanidad y estabilización de las lesiones sufridas por el perjudicado.

Finalmente, se ha requerido a la defensa del empresario investigado que aporte la identificación del propietario del cuchillo que presuntamente fue prestado a Daniel Álvaro Ramos. Además, se ha oficiado a la División de Policía Científica para realizar una búsqueda lofoscópica en el cuchillo y en un arma blanca tipo bastón que portaba el agredido, así como la detección de restos de sangre humana en dichos objetos. En caso de resultado positivo, la jueza ya ha solicitado el consentimiento de ambas partes para la obtención de ADN y su posterior comparativa genética.