La pandemia se cobró 307 vidas en la comarca de Benavente

Cinco años después de la declaración del estado de alarma por la irrupción del COVID-19, los datos oficiales sobre el impacto que la pandemia produjo en Benavente y en la comarca permiten atisbar con la fría objetividad que dan las cifras (aunque también hay que tomarlos con cautela) los efectos que el coronavirus causó en un territorio en el que entonces había una población empadronada de 34.122 almas.

Zamora fue la segunda provincia con menor número de decesos causados por la epidemia en Castilla y León. El coronavirus fue la causa de la muerte de 1.622 personas, y se cebó principalmente entre los mayores de ochenta años. Fallecieron 1.245 hombres y mujeres de este grupo de edad, aunque la enfermedad hizo diana fundamentalmente partir de la población de 50 años.

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En la comarca benaventana fallecieron 307 personas. El 42,34% eran mayores internados en residencias cuando se contagiaron, 130 en total.

Datos abiertos

El portal de datos abiertos de Castilla y León permite escrutar y realizar un seguimiento más o menos preciso de los estragos causados por la pandemia en las zonas básicas de salud y en las residencias geriátricas públicas y privadas. No alcanza a aportar, sin embargo, el nivel de detalle suficiente para determinar la letalidad exacta: el número de muertos por municipio. Estos datos, en todo caso, también hay que analizarlos con cautela porque a veces no coincide la mortalidad en las zonas básicas de salud con las que se produjeron en las residencias de mayores.

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La estadística tampoco desagrega los datos por grupos de edad y sexo en cada localidad, pero ofrece una idea suficientemente definida de los estragos funestos del coronavirus: 307 muertos equivalen por número de habitantes a la desaparición de localidades como Ayoó de Vidriales, Arcos de la Polvorosa, Calzadilla de Tera y muchos otros, incluso de dos poblaciones a la vez, como sería el caso de Brime de Urz y Brime de Sog, por poner un ejemplo entre otros muchos. La lista de la comparación sería tan larga como severos los daños a la vida causados por la enfermedad.

Zonas básicas de salud

La fuente de datos que proporcionaron las zonas básicas de salud arrojan una sobremortalidad por COVID-19 de 1.622 personas en la provincia, de las cuales 307 fallecieron en la comarca benaventana. Da una idea también del impacto epidemiológico de la pandemia una cifra específica en Benavente: entre noviembre de 2020 y marzo de 2022 la suma acumulada de positivos por covid-19 fue de 21.142 casos, muy superior a la población de la ciudad.

Poniendo la lupa en cada área, en concreto fallecieron 36 personas en la Zona Básica Salud de Vidriales desde el 1 de marzo de 2020, momento en que se crea el registro. La tasa sobre las tarjetas sanitarias fue del 1,52%. En la Zona Básica de Salud del Tera murieron 33 personas, el 0,93%. En la ZBS Benavente Norte fallecieron 117 personas (0,93% de tasa) y en la ZBS Benavente Sur murieron por el coronavirus 121 personas (tasa del 0,80%).

Residencias de mayores

En las nueve residencias de mayores repartidas en la comarca, tanto de titularidad pública como privada, fallecieron 130 personas en las sucesivas oleadas de la pandemia, desde marzo de 2020 hasta junio de 2023. Estos datos hay que tomarlos también con cautela en relación con la suma total de fallecidos por el coronavirus en la comarca, porque en ocasiones no coinciden.

Un ejemplo que permite entender posibles desviaciones, sea cuál sea la explicación que estas puedan tener, se puede observar en el caso de Vidriales. Mientras que el dato de fallecimientos en la Zona Básica de Salud se eleva a 36, en la residencia de Santibáñez de Vidriales, de titularidad municipal, la cifra de muertes reportadas asciende a 53. Doce fallecieron en el hospital y 41 en la residencia.

La cantidad de decesos equivale a la desaparición de una localidad como Ayóo de Vidriales

Al margen de estas diferencias y según los datos oficiales, el reporte de decesos concreta que en la residencia de Santibáñez de Tera (municipal) fallecieron 2 personas; en la privada de San Cristina de la Polvorosa, 8; en el centro residencial municipal de San Cristóbal de Entreviñas, 6; en la residencia de Camarzana de Tera, 12; en Los Álamos (privada) de Quiruelas de Vidriales, 8; en la Residencia Mixta Los Valles de Benavente murieron 29 mayores; en la residencia privada Ciudad de Benavente, 11; y en la también privada benaventana El Jardín del Corrilo, 1 mayor.

Siempre según la información reportada por la Administración regional, la mayoría de los decesos de mayores se produjeron, salvo en el caso de la residencia de Santibáñez de Vidriales, en el hospital.

El "protocolo" bioético de Sanidad

Con la declaración del estado de alarma por la pandemia la Gerencia Regional de Salud pidió a todas las residencias de la región que evitaran trasladar a residentes enfermos por COVID-19 a los hospitales, "salvo casos justificados, de gran excepcionalidad, que tuvieran altas posibilidades de recuperación, conforme a los criterios de prioridad establecidos" y contando con la autorización expresa de los servicios de urgencias de los hospitales de referencia.

El documento llevaba el encabezamiento "Consideraciones éticas de la Comisión de Bioética de Castilla y León en relación con las medidas terapéuticas a seguir en las residencias de carácter social (RRCS) durante la pandemia CO VID-19" y se justificaba "Ante una situación excepcional de desastre sanitario".

Los registros de las residencias durante la fase más dura de la pandemia apuntan a que los mayores en las residencias de la comarca que lo necesitaron fueron trasladados al Complejo Hospitalario de Zamora. La mayoría de fallecimientos por residencia de los enfermos más graves se produjo allí, según la información oficial, salvo el caso del centro residencial de Santibáñez de Vidriales. Un total de 52 mayores de las residencias de la comarca murieron en el hospital.

La entonces consejera de Sanidad, Verónica Casado, respondió a este periódico sobre este documento en una videoconferencia de prensa: "Entiendo que pueda parecer duro, pero es algo habitual y está avalado por todas las sociedades científicas", dijo. Ese documento o "protocolo" pedía a las residencias que se cuidara "la comunicación y la información a los residentes y a sus familiares, en todo lo posible y a pesar de las medidas de aislamiento que sean necesarias” y la consejera aseguró que en esas situaciones “las residencias están informando a las familias".

Ayudas económicas y aplazamientos festivos

Los efectos de la pandemia a nivel social se vivieron en Benavente y en la comarca como en el resto del país. Tras el decreto de confinamiento comenzaron las desinfecciones de edificios, centros sanitarios y calles, así como la búsqueda de material para lugar contra la enfermedad: epis, mascarillas y test PCR. Cesó la actividad económica, salvo establecimientos esenciales. El Ejército y la UME colaboró en varias ocasiones con servicios de apoyo y vigilancia a la ciudad, y la Guardia Civil y la Policía sancionaron los incumplimientos de las restricciones hasta que se produjo la desescalada. Como en todo el país, la población aplaudía por las tardes la labor de sanitarios y fuerzas de seguridad desde sus balcones.

En el periodo de confinamiento el cierre de empresas motivó numerosos ceses de actividad acogidos a ayudas que cinco años después han desembocado en contestadas y criticadas reclamaciones del Gobierno a través de las mutuas y también la autorización de numerosos expedientes reguladores temporales de empleo (ERTE) que evitaron un colapso mayor de la economía.

Benavente por primera vez no pudo celebrar su festividad patronal de La Veguilla y la petición del Toro Enmaromado. La población lo hizo desde los balcones de sus casas, y por razones obvias de seguridad sanitaria, el Ayuntamiento, por primera vez desde la Guerra Civil, dio por cancelada la fiesta grande de la Semana Grande y no hubo Toro Enmaromado. Cerca de 240.000 euros de la partida presupuestaria municipal para fiestas fueron destinados a ayudas a fondo perdido dirigidas al tejido económico de trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas.