Tribunales
Expolio en Petavonium: el juez pide por tercera vez a la Junta que tase los objetos robados en el campamento romano
La Guardia Civil detuvo a tres personas y se incautó de media moneda, dos botones y una pieza metálica extraídas ilegalmente
Valiéndose de un detector de metales, los investigados realizaron presuntamente más de 60 excavaciones a escasa profundidad en el sitio arqueológico de Santibáñez de Vidriales

El campamento romano de Petavonium en Santibáñez de Vidriales. / J. A. G.
El 21 de julio de 2023 un vigilante del campamento romano de Petavonium en Rosinos-Santibáñez de Vidriales denunció en el puesto de la Guardia Civil de Camarzana de Tera lo que parecían más de sesenta excavaciones ilegales dentro del yacimiento. Dos días antes, personal desconocido había entrado recinto de la II Ala Flavia. Aparecieron seis excavaciones en la margen izquierda y 58 en la margen derecha. La mayoría eran superficiales, a entre 10 y 15 centímetros de profundidad. Los autores pudieron saltar el vallado, porque no había daños ni en la valla ni en los candados de las puertas.
Un año y medio después de la inicio de una investigación por la comisión de un delito leve contra el patrimonio que se saldó con tres detenidos y la recuperación de media moneda, dos botones y una pieza metálica no identificada, la instrucción judicial está estancada. El juez la ha prorrogado hasta julio de este año a la espera de que la Dirección General del Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León aporte la documentación solicitada y tase los bienes recuperados.
Es la tercera vez que el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 1 de Benavente dicta providencia solicitando la documentación necesaria para dar continuidad a la instrucción. Desde que se abrieron las diligencias de procedimiento abreviado por este suceso han pasado cuatro jueces por el juzgado benaventano
Para seguir adelante con la investigación, el juez actual ha pedido a Patrimonio que informe sobre la naturaleza, catalogación y nivel de protección del yacimiento denominado campamento romano Petavonium y remita la documentación necesaria.
Ha solicitado también un informe pericial de un especialista en arqueología sobre la tasación de los restos arqueológicos intervenidos a los investigados, la valoración de los daños causados en el yacimiento, y las medidas que fueran necesarias para la restauración de los daños que se causaron.
Tres detenciones
El equipo de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que se hizo cargo de la investigación y amplió las diligencias, había comprobado que en las zonas aledañas al yacimiento se había realizado diversas prospecciones a poca profundidad que podrían ser compatibles con la extracción de restos arqueológicos. Incrementaron la vigilancia y mantuvieron entrevistas con el vigilante y con su antecesor. Confirmaron que en la zona había habido más movimiento y que cerca del campamento se habían encontrado vestigios de personas que se habían asentado o avituallado en el lugar.
La Consejería de Cultura calificó lo ocurrido de «pérdida irreparable desde el punto de vista científico que ya no es posible restituir»
El 11 de mayo, antes de la denuncia del vigilante en el puesto de Camarzana de Tera, una patrulla del Seprona identificó un vehículo y a sus ocupantes. Los agentes hallaron un detector de metales, media moneda, dos botones y una pieza metálica sin identificar.
La denuncia del vigilante motivó una inspección ocular en el yacimiento. A menos de un kilómetro de distancia se localizó a los tres investigados, M. C. F., A. Q. P. y A. S..
El Seprona halló en esa intervención "enseres compatibles con la presunta actividad de expolio: detectores de metales, azadas, monedas y objetos que podrían ser material histórico". Los tres hombres fueron detenidos por un supuesto delito contra el patrimonio histórico y el Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente comunicó los hechos denunciados a la Junta de Castilla y León ofreciéndole la posibilidad de personarse en el procedimiento, lo que el consejero Cultura, Turismo y Deporte, dio luz verde la personación y autorizó el ejercicio de las acciones judiciales necesaria "al objeto de obtener la total reparación de los daños".
Desde 1931
El yacimiento arqueológico de Petavonium está protegido con la denominación "Ruinas romanas de Sansueña" desde 1931, año en el que fue declarado Monumento Histórico Artístico, por lo que en la actualidad está sometido al régimen de los Bienes de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español.
El yacimiento es titularidad de la Junta de Castilla y León, por lo que tras la comunicación judicial, la Consejería de Cultura concluyó que las actuaciones llevadas a cabo ilegalmente en el campamento romano "suponen un menoscabo de los valores del Bien de Interés Cultural, pues en el espacio afectado se han distorsionado las relaciones físicas que mantienen los restos arqueológicos tanto con su contexto de procedencia como con otros objetos de naturaleza arqueológica con los que aparecen vinculados". Esta modificación, agrega, "realizada sin el procedimiento adecuado ,provoca una pérdida irreparable desde el punto de vista científico y patrimonial. Por ello se puede considerar que se ha producido un daño difícilmente reparable o restaurable la pérdida de información sobre las sociedades del pasado que ya no es posible restituir".
A la luz de lo ocurrido, la Dirección General de Patrimonio Cultural propuso que se autorizara a los servicios jurídicos para que se personaran en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las diligencias del procedimiento abreviado que se tramitan en el Juzgado de Benavente y se ejerciera la acusación particular en los términos previstos en la legislación vigente. Igualmente propuso que se autorizara "el ejercicio de aquellas acciones judiciales que fueran necesarias al objeto de obtenerla total reparación de los daños que eventualmente como consecuencia de estos hechos hubiera podido sufrir la Comunidad Autónoma".
Desde entonces, en el procedimiento se personó un letrado de la Junta de Castilla y León, si bien, el Juzgado ha emitido tres comunicaciones a la Administración regional solicitando toda la documentación referida para poder continuar con el procedimiento abreviado.
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