Tribunales

La Fiscalía pide investigar tres delitos en el caso del Ayuntamiento de Burganes de Valverde

Denuncia la presunta comisión de estafa, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el Juzgado de Instrucción número 2

La Guardia Civil no aprecia indicios delictivos en las facturas del cuñado de la exalcaldesa y señala al contratista en la pavimentación de la calle San Isidro

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Burganes de Valverde en la que se acordó remitir a la Fiscalía las presuntas irregularidades.

Sesión plenaria en el Ayuntamiento de Burganes de Valverde en la que se acordó remitir a la Fiscalía las presuntas irregularidades. / J. A. G.

La Fiscalía Provincial de Zamora ha remitido la investigación denunciada por el Ayuntamiento de Burganes de Valverde contra la anterior alcaldesa de la localidad al Juzgado de Instrucción número 2 de Benavente para que se proceda a la incoación de diligencias por los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento oficial, y malversación de caudales públicos.

El Ministerio Público observa indicios en tres de los cinco presuntos delitos denunciados por el Ayuntamiento. Quedarían fuera los de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

La investigación realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil concluye que no hay indicios de delito en los trabajos encargados al cuñado de la exalcaldesa Atilana Martinez Mayado, aunque sí un posible incumplimiento de la normativa de la Agencia Tributaria por parte del empresario. La investigación señala la presunta responsabilidad del contratista por un delito de estafa en la pavimentación de la calle San Isidro, y considera necesario un nuevo informe técnico para esclarecer lo ocurrido en las obras de cerramiento de la pista polideportiva de Olmillos de Valverde.

Facturas

En relación a los trabajos encargados al cuñado de la exalcaldesa, Bienvenido Ferrero, la Guardia Civil examinó los expedientes de contratación de los encargos, los informes de supervisión de los trabajos y las facturas detalladas, y en concreto la relativa al pago de 5.650 euros, sin que consten los trabajos realizados.

El informe de la secretaria municipal indica que se trata de contratos menores, cuyo gasto estaba en los Presupuestos de los ejercicios 2019 y 2020, aprobados por el Pleno de la corporación, pudiéndose autorizar el pago de las facturas o documentos equivalentes si el gasto está previsto para todo el ejercicio. Del mismo modo, en los Presupuestos de los siguientes ejercicios, aprobados por el pleno, se recogía el gasto para los contratos menores cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros sin IVA. No existen expedientes ni procedimientos de contratación, señala la investigación, que precisa que los contratos menores y otros gastos no estarán sometidos a intervención previa, siempre que se disponga del gasto previsto para todo el ejercicio.

La mayoría de las obras encargadas, así como la supervisión de los trabajos, "se realizó por el concejal delegado de la señora alcaldesa, José María Zarza Cid". Los trabajos realizados en Burganes de Valverde se encargaron por la exalcaldesa y se abonaban cuando informaba de que habían sido ejecutados.

En algunas de las facturas se especifican el número de viajes y su precio, las horas empleadas y materiales. No se pagó una factura de 5.650 euros, según los extractos bancarios. El pago denunciado se corresponde con el abono de 2.460 euros.

Tras la revisión de la documentación, la Guardia Civil indica que no se ha observado infracción alguna de la normativa existiendo absoluta correlación entre las facturas y los justificantes de pago, y concluye que en lo relativo a las facturas el cuñado de la exalcaldesa, se observa un posible incumplimiento de la normativa establecida por la Agencia Tributaria por parte del emisor de las facturas, sin haberse detectado la posible existencia de indicios de comisión de ilícito penal.

Pavimentación

Sobre la obra de pavimentación de la avenida de San Isidro de Burganes de Valverde, la Guardia Civil señala que no se ha podido acreditar si la obra no había sido finalizada a fecha de la firma del acta de recepción, pero precisa que existen indicios de la posible comisión de un delito de estafa por parte del contratista "al haberse comprobado que no se usaron los 72 metros cúbicos de hormigón que constan en la memoria y que fueron facturados, habiéndose firmado la certificación por el arquitecto técnico, sin realizar las mediciones comprobaciones oportunas, ya fuera por dolo o negligencia.

"Ello podría también constituir un delito de falsedad en documento oficial. La señora alcaldesa podía no tener conocimiento de este hecho, al basar su actuación a los informes técnicos, lo que excluiría su responsabilidad", dice el informe policial.

Pista de Olmillos de Valverde

Por último, en el caso concreto de las obras de cerramiento de las pistas de Olmillos de Valverde, la Policía Judicial considera que para determinar la posible comisión de un ilícito penal y la participación de las personas responsables, sería necesaria la práctica de un informe técnico para establecer la naturaleza de los trabajos adicionales que no constaban en el proyecto básico, de los que no se ha aportado certificación y que fueron abonados posteriormente por un importe superior al de la cuantía del contrato menor, que conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no permite modificaciones ni ampliación del objeto o precio, salvo que se tramite un nuevo procedimiento de contratación.

Aunque los proyectistas recogieron una subida de los precios de carburantes y materiales de construcción que justifica el incremento de un 35 % del coste previsto para la obra, "en la factura 9.534 euros, los conceptos a abonar, no se refieren a dicha subida de precios, sino a obras nuevas que no se contemplaban en el proyecto".

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