Una pareja de ocupas cede una casa a terceros en Benavente y evita el desalojo

Los propietarios de una vivienda de la calle La Zarza, en el barrio San Isidro, se han visto obligados a demandar a una pareja de nuevos ocupas después de un año de procedimiento judicial por un delito leve de usurpación que se había resuelto con una sentencia firme y el lanzamiento de los ocupantes iniciales. Antes de que se produjera el desalojo judicial, los denunciados cedieron la vivienda a ocupada a terceros, otra pareja con lazos familiares. Aunque los funcionarios judiciales acudieron a la casa para cumplir el lanzamiento, la ejecutoria no pudo consumarse y pese a la resolución firme de la Audiencia Provincial de Zamora, el caso fue archivado.

Ahora, los propietarios, una familia benaventana que reside en Orense, se han visto obligados a acudir de nuevo a la justicia, aunque a diferencia de la situación anterior no lo han hecho por la vía penal. Han planteado una demanda de desahucio por precario por la vía civil, que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Benavente ya ha admitido a trámite. Este procedimiento a diferencia de la denuncia penal, "es más rápido y tiene efectos sobre terceros", explica el abogado de la propiedad, Marco Antonio Furones. Si los actuales ocupantes cedieran o alquilaran a su vez la casa ocupada, la ejecutoria no quedaría sin efecto como en la vía penal.

La propietaria de la vivienda heredó hace años la casa de sus padres en el barrio. Aunque la familia se fue a Orense, regresaba cada año. El 17 de junio de 2023 los vecinos les avisaron de que habían oído ruidos y que alguien había entrado en la vivienda por la parte de atrás. Los propietarios regresaron y encontraron la casa ocupada por una pareja. Presentaron denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil y se inició un procedimiento que terminó en archivo hace unos meses, no sin consecuencias para la propietaria, que anímicamente se ha visto afectada hasta el punto de sufrir crisis de ansiedad y de haber llegado a perder la memoria, según explica su hijo.

La pareja ocupante había sido desalojada de otra casa en el barrio Santa Clara, frente al colegio Fernando II. Entonces el lanzamiento se efectuó unos meses después de la denuncia. Sin embargo, en esta ocasión los ocupantes "han aprendido las triquiñuelas legales para dilatar el procedimiento". Sorprendentemente, esa pareja no vivía en la casa que ocupaba. "Entraban y salían a lo largo del día, pero no residían allí", explica el hijo de la propietaria.

El Juzgado de Instrucción número 2 dictó sentencia por un delito de usurpación, pero la pareja recurrió, lo que no había hecho en Santa Clara. El asunto llegó a la Audiencia Provincial, que confirmó el fallo de instancia, pero antes de que con la resolución firme fueran desalojados, los ocupantes se fueron cediendo la casa a otra pareja con la que tienen vínculos familiares. El lanzamiento se archivó y los propietarios se vieron en la tesitura de entablar nuevas acciones legales.

Se da la circunstancia de que sobre los ocupantes actuales pesan sendas penas de cárcel por un delito de tentativa de homicidio. El varón ha sido condenado a diez años de prisión y la mujer a cinco. El hombre ingresará en la cárcel en un corto espacio de tiempo.

La pareja afirma que ellos pagan un alquiler para vivir en esa casa. Supuestamente el pago lo realizan a los anteriores ocupantes ilegales. Con ese argumento han llegado a reclamar dinero por abandonar la vivienda, incluso han mostrado su intención de contactar con los propietarios con la intención de entregar la llave a cambio de una cantidad.

Entretanto, esta situación que se prolonga ya un año y medio ha aumentado la sensación de inseguridad y también la preocupación de los vecinos. La casa, protegida por "dos perros de presa", quedó desvalijada de mobiliario con los primeros ocupantes, y los segundos "han quitado maderas y realizado cableados por la fachada con riesgo de que se pueda producir un cortocircuito y un incendio".

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