Medio Ambiente
Somacyl abre la puerta a la expansión del suministro del Tera a nuevos municipios
El convenio con la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles incluye una deuda de facturación pendiente a pagar en 25 años
El documento establece la preferencia de consumo del abastecimiento a los municipios conectados

Vista aérea de la ETAP de Sitrama de Tera. / J. A. G.
El convenio entre la empresa pública regional Somacyl, la Diputación Provincial de Zamora y la Mancomunidad de la ETAP de Benavente y Los Valles abre las puertas a la expansión del suministro de agua del Tera a otros núcleos de población y en el cálculo de la futura tarifa incluye, además de la amortización pendiente con Acuaes incluye la facturación pendiente a 25 años vista por una cantidad anual próxima a los 50.000 euros, cerca de 1,1 millones de euros en esos cinco lustros.
La empresa pública, tras el acuerdo alcanzado con Aguas de las Cuencas de España para la cesión de la ETAP, su conservación y mantenimiento, explicó a los ayuntamientos el alcance de un convenio cuyo borrador remitió hace unos días a los 28 ayuntamientos conectados.
El documento, de 19 páginas, incluido un anexo específico de la futura tarifa, estipula la regulación la cooperación entre la Somacyl y la Mancomunidad y los municipios reseñados, "para el desarrollo de las acciones necesarias para la financiación, la ejecución y gestión de las obras necesarias para la mejora de la situación actual del abastecimiento y el correcto suministro de todos los núcleos incluidos en el sistema mancomunado, así como su adecuada explotación".
Nuevas obras
En particular "la obra incluirá la mejora del abastecimiento a los núcleos que tienen problemas de suministro, by-pass a determinados núcleos, mejoras en el tratamiento de la ETAP y conexión a nuevos núcleos", dice el texto.
A las inversiones realizadas por Acuaes y que están siendo amortizadas dentro del periodo de 25 años fijados en el convenio suscrito en su momento, Somacyl va a ejecutar obras adicionales "que aseguren un mejor suministro y una ampliación del mismo". El importe total previsto de las infraestructuras a construir "incluye la redacción del proyecto, costes de supervisión, honorarios de Dirección de Obra, Coordinación de Seguridad y Salud, Control de Calidad y ejecución de las obras, y asciende a 2,5 millones de euros más impuestos. Las obras serán recogidas en el correspondiente proyecto constructivo, cuyo presupuesto contemplará el coste de la inversión".

Las tarifas incluidas en el convenio. / Somacyl
El documento prevé añadir adendas al convenio en caso de que el coste de la inversión sea superior y contempla también que, en el caso de que el importe total de la inversión sea inferior "las cantidades a aportar por cada una de las partes del Convenio se ajustarán automáticamente en función de los porcentajes de participación".
De estos 2,5 millones la Diputación aportará a la Mancomunidad 1 millón de euros a razón de 250.000 euros anuales entre 2025 y 2028. El millón y medio restante los aportará Somacyl con Fondos europeos, propios, "o acudiendo a los mercados financieros".
El importe correspondiente a 2025 se abonará una vez que la Somacyl adjudique y firme el contrato de obras. El resto "se pagará proporcionalmente a la obra ejecutada, o como se determine entre las partes, en todo caso los pagos anuales se realizarán antes del 15 de diciembre de cada ejercicio".
Lo que el borrador deja claro es que la Mancomunidad, que recibirá un millón de la Diputación para estas inversiones, "no podrá eximirse del pago de la cantidad establecida por causa alguna, aunque no le sea imputable" y "particularmente, se constituirá en deudora frente a Somacyl" por esa cantidad.
25 años de explotación
El documento contempla un periodo de explotación de 25 años por parte de Somacyl que podrá ser prorrogado "si se constata la necesidad de periodos mayores de tiempo para la recuperación de las inversiones establecidas", y la empresa pública podrá realizar esta explotación, bien directamente o bien contratando con terceros la prestación del servicio".
La sociedad regional "podrá tener acceso a las instalaciones municipales en la medida en que sea preciso para la operación del abastecimiento mancomunado, evitando la mezcla de aguas del abastecimiento mancomunado y las propias de otras tomas municipales" y los ayuntamientos que integran la Mancomunidad "se abstendrán de utilizar otras tomas de abastecimiento". El convenio establece un "carácter preferente, en todo caso, en la utilización de las instalaciones mancomunadas y el consumo de agua potable desde las mismas, quedando las instalaciones propias de cada municipio reservadas para casos de emergencia o para abastecimiento de suministros de agua no potable".
Dos representantes en la comisión de seguimiento
Para la ejecución de las inversiones futuras, entre otras obligaciones, los ayuntamientos pondrán a disposición de Somacyl "todos los terrenos de necesaria ocupación para la normal ejecución de las obras" sin que estas precisen "de licencia municipal alguna". El borrador del texto prevé "integrar, en la medida de lo posible, en el régimen de Mancomunidad a los Ayuntamientos y núcleos que aún no han ingresado en ella y que están conectados o se conecten al abastecimiento".
De modo similar, aunque mucho de forma más estricta y limitada que la existente con Acuaes, "para el seguimiento, ejecución e interpretación del presente convenio se creará una Comisión de Seguimiento integrada por un representante de la sociedad, y un representante de la Mancomunidad". Esta comisión, además de otras cuestiones, "aprobará sus normas de funcionamiento, y nombrará a su presidente y secretario que, en caso de no ser uno de los miembros de la Comisión, tendrá voz, pero no voto".
El convenio recoge una tarifa inicial calculada según las hipótesis del proyecto que sería "fija para el primer año natural de explotación del servicio (en el cuadro)". Bajo el epígrafe de "Fijo anticipo de la facturación pendiente" figuraría una deuda estimada en 750.000 euros y que a 25 años vista y con intereses sumaría 1,1 millones de euros. Esta deuda ha sido y es cuestionada por Ayuntamientos que están al día en sus pagos y que rechazan asumir "pagos que no nos corresponden", según han explicado.
La tarifa, por otra parte, incluiría consumos que difieren en algunos casos de los datos publicados en el informe de la Comisión de Seguimiento número 13 de Acuaes. Estas diferencias son apreciables en Castrogonzalo que, con cuatro ramales, figura en la nueva tarifa con consumos "que parecen muy inferiores a los reales", según han explicado fuentes municipales.
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