La fiscal archiva la investigación por el caso urbanístico de un merendero ilegal en Benavente

La Fiscalía Provincial ha archivado las diligencias informativas abiertas a partir de la denuncia planteada por el propietario de un merendero construido sin licencia en la zona inundable de las huertas contra cuatro funcionarios municipales (un policía, dos técnicos de obras y otro del departamento de Urbanismo) y el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.

Les atribuyó la comisión de los presuntos delitos de prevaricación y falsedad en documento público, entre otros.

Durante dos meses la Guardia Civil ha tomado declaraciones a los funcionarios, al alcalde y a testigos, e investigado el expediente urbanístico confrontando la información con las afirmaciones del propietario de la construcción ilegal.

Inexistencia de delitos

Este, pese a no haber obtenido nunca licencia para la obra y tener que hacer frente a un expediente de la restauración de la legalidad urbanística que ha desoído hasta ahora y a otro sancionador por conculcar la normativa urbanística, mantuvo que había recibido un permiso verbal para hacer la construcción.

A partir de las conclusiones de los investigadores, la Fiscalía ha decidido el sobreseimiento de las diligencias preliminares iniciadas hace unos meses descartando la existencia de responsabilidad delictiva alguna.

Las obras del merendero fueron denunciadas en agosto de 2015 por la Policía de Obras. El propietario era un suplente de las listas del PSOE, que había ganado las elecciones pocos meses antes. En agosto de ese año, la Alcaldía decretó que la construcción era ilegal.

Los informes técnicos concluyeron que «desde el punto de vista urbanístico, la parcela en la que se han llevado a cabo las obras se encuentra dentro de suelo rústico de entorno urbano, y enclavado dentro de suelo rústico con protección especial por terrenos inundables» y señalaron que «no resultan compatibles con la normativa urbanística sectorial, por lo que no resultan legalizables».

Ese informe precisó que las obras se ejecutaron sin licencia o sin declaración responsable previa y subrayó en base al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León concreta que, una vez iniciado el procedimiento de restauración de la legalidad, «si los actos son incompatibles con el planeamiento urbanístico deberá disponerse la demolición de las construcciones o instalaciones ejecutadas, o en su caso la reconstrucción de las que se hayan demolido».

El Ayuntamiento decretó más tarde la demolición de lo construidos para restaurar la legalidad y fijo multas coercitivas al propietario. Lejos de demoler la construcción, fuentes municipales han precisado que se ampliaron en estos años con nuevos elementos.

El propietario se enfrentar ahora, no solo al cumplimiento de la resolución urbanística, sino a un expediente sancionador que fija para las infracciones graves multas mínimas de 300.000 euros.

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