La Opinión de Zamora

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Urbanismo en la comarca

Santa Cristina de la Polvorosa pone fin a 16 años de “conflictos urbanísticos”

La revisión de las normas elimina buena parte de las 24 unidades de actuación que impidieron edificar por el desacuerdo entre propietarios

Vista aérea del casco urbano de Santa Cristina de la Polvorosa

Santa Cristina de la Polvorosa ha pasado página definitivamente tras 16 años de conflictos urbanísticos locales que habían varado la construcción en el municipio y motivado que propietarios de suelo decidieran comprar vivienda en localidades próximas ante la imposibilidad de construir.

Como ocurriera en Benavente con el Plan General de Ordenación Urbana, sobredimensionado y muy restrictivo, las Normas Urbanísticas Municipales de Santa Cristina de 2006 han resultado “ineficaces” y una fuente de constantes desacuerdos entre propietarios.

La Junta de Castilla y León ha aprobado definitivamente la revisión de esas Normas, una revisión que entró en vigor el lunes tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León y que se ha fijado siete objetivos fundamentales.

Delimitación actual del suelo, ampliación prevista y delimitación excluida. L. O. Z.

El nuevo documento detalla que de las 24 Unidades de Actuación existentes solo se ha desarrollado parcialmente una de ellas de titularidad municipal no habiéndose podido encontrar acuerdos entre los propietarios del resto de Unidades para poder desarrollar alguna más.

Esto ha generado el desánimo generalizado de los propietarios que teniendo solares urbanos dentro de alguna de las Unidades de Actuación no han podido edificar su vivienda, habiendo tenido que comprar vivienda en municipios cercanos ante tal imposibilidad”, explica.

Delimitación del término municipal de Santa Cristina. L. O. Z.

Por otra parte, el nivel de exigencias estéticas en las normas zonales del suelo urbano existentes en las Normas ya sin efecto, en donde se prohíben materiales y acabados habituales en el municipio (aplacados de piedra, carpinterías de aluminio, y otros) han hecho del modelo existente “una gran losa para los que deciden reformar o construir viviendas al encontrarse con exigencias que no se consideran justificadas para este municipio que carece de Bienes de Interés Cultural y de una arquitectura tradicional digna de resaltar”.

Los objetivos fundamentales de la Revisión son siete. El primero de ellos es adaptar el límite de suelo urbano a las necesidades reales del municipio, reduciendo la superficie del mismo, creando un modelo más realista con las condiciones socioeconómicas del municipio.

Eliminación de las Unidades de Actuación

Se eliminarán la gran mayoría de las Unidades de Actuación que han resultado ser un freno absoluto al desarrollo urbanístico previsible del municipio, con un antiguo modelo desarrollista muy alejado de la realidad actual del municipio.

Está prevista la elaboración de unas ordenanzas que regulen las edificaciones y mantengan el carácter y las tipologías características y que delimite los distintos usos, y se actualizarán las necesidades en infraestructura y dotaciones del municipio.

Ubicación de los edificios protegidos. L. O. Z.

También se procederá a la Revisión del Catálogo de Bienes Protegidos del Patrimonio Cultural tanto en suelo urbano como en suelo rústico.

En sexto lugar se afrontará la actualización de la protección de los bienes naturales del municipio, en especial los elementos de interés medioambiental, y, por último, se revisará la normativa de las edificaciones existentes y futuras en el suelo rústico.

La localidad cataloga seis edificios y nueve yacimientos arqueológicos

Una de las aportaciones de esta revisión afecta también a los bienes protegidos, tanto en suelo urbano, como en suelo rústico. El documento establece cuatro grupos de elementos a proteger: Edificaciones y elementos urbanos, yacimientos arqueológicos, paisajes naturales y cauces públicos, e Infraestructuras.

Para las edificaciones y elementos urbanos se fijan tres grados de protección, a saber, integral, estructural y ambiental. La primera protege la totalidad de cada edificio y bajo este grado de protección se ha considerado incluir la Iglesia de Santa María, que ya se había catalogado en las normas revisadas. El grado de protección estructural protege la apariencia del edificio y favorece la conservación de los elementos básicos. En este bloque se han incluido el Puente sobre el Órbigo, Casas del Bosque, Casas de Requejo y Edificios del Vivero. Por último, el grado de protección ambiental protege el conjunto del ambiente urbano. Se han incluido con este grado el Escudo de la Casa de Cultura y los Elementos de las Casas del Bosque. En conjunto son seis los edificios que cuentan con una ficha específica en el catálogo de bienes patrimoniales locales con alguno de estos tres grados de protección.

Los yacimientos arqueológicos también serán protegidos con tres grados diferenciados de mayor a menor. Bajo alguno de estos grados de protección se encuentran un total de nueve yacimientos arqueológicos, que cuentan con ficha propia. Son los siguientes: Requejo – Los Garbanzales (Grado 1); El Curbión, El Jaral II, Columbrianos – Las Mielgas, El Jaral III, y El Torrejón (Grado 2). Por último, y bajo el Grado 3 (áreas de cautela arqueológica) se incluyen Dehesa de Requejo, La Cevilla y El Jaral I.

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