La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por el propietario de una finca en la zona inundable de La Pradera en la que ejecutó obras ilegales en una construcción ya existente.

El alto tribunal inadmite el recurso contra una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) porque esta era irrecurrible, y por ello le impone 2.000 euros de costas en favor del Ayuntamiento de Benavente.

El propietario ejecutó ilegalmente una cubierta y otras obras al amparo de una declaración responsable que se comprobó incierta. Tras ordenar el Ayuntamiento la restauración de la legalidad por la infracción urbanística detecta, el dueño recurrió al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Zamora, primero, que dio la razón al Ayuntamiento imponiendo las costas; y después ante el TSJCyL, que hizo lo mismo.

Así las cosas, la restauración de la legalidad tendrá que cumplirse y el propietario tendrá que demoler la cubierta ilegal construida con aumento de volumen y edificabilidad y un tendejón de unos 50 metros cuadrados, reponiendo los bienes afectados a su estado anterior.