La interventora municipal informó al Grupo Municipal del Partido Popular en agosto del pasado año que, aun reconociendo sus derechos como concejales a la solicitud de información documental, no había podido atender sus solicitudes debido a la carga de trabajo del departamento cuando se produjeron las peticiones, los días 13 y 14 de enero de 2021.

Lo hizo en un informe razonado en el que, tras reconocer el derecho de los concejales al acceso a la información, aclara de forma precisa lo ocurrido. “Sentada la existencia de un derecho de acceso por todos los concejales a la información municipal. En relación a la información solicitada, se pone en su conocimiento las siguientes circunstancias: Entre los días 4 a 21 de enero de 2021, se han recibido en este departamento un total de 7 escritos de solicitud de acceso a la información. Entre ellos están el acceso de información a un total de 9 relaciones de pagos, e informes diversos sobre gestión tributaria”

“El servicio de Intervención, cuenta con unos medios personales limitados para sacar el trabajo ordinario, algo conocido por todos los concejales. Dado el volumen de gestiones ordinarias diarias, especialmente en las fechas en las que se producen las solicitudes, coincidentes con el cierre de la contabilidad y apertura del nuevo ejercicio, tramitación de los presupuestos generales de la entidad…. Se han solapado estas solicitudes con numerosas tareas en intervención, siendo ésta el único motivo de no atender en fecha a las solicitudes presentadas

“El Ayuntamiento publica trimestralmente la relación de facturas pagadas durante el trimestre, permitiendo de forma actualizada y periódica suministrar información económica no solo a los miembros de la Corporación si no a la totalidad de los ciudadanos, garantizando la transparencia”.

El PP, con todo, formuló queja ante la Comisión de Transparencia, que estimó sus reclamaciones. Los populares han responsabilizado al alcalde, Luciano Huerga, que ayer cargó contra la oposición: “Han convertido una anécdota en categoría cuando en realidad lo que han pretendido es bloquear el Ayuntamiento en fechas muy sensibles con un claro abuso de derecho y con mala fe”.

Huerga explicó que los populares han presentado 107 escritos lo que requirió el movimiento de miles de documentos. “Estén digitalizados o no, hay que hacer el trabajo”, y “todas se han contestado menos en dos ocasiones, y no por decisión política sino técnica, porque ni el alcalde ni los concejales tenemos potestad ni interferimos en los mecanismos de trabajo de los habilitados nacionales”.

“Toda esa información, alguna de la cual tenían por los plenos o simplemente no existía, como la revisión del IBI, ¿para qué ha servido? ¿Ha habido irregularidades? ¿Hemos hecho algo mal?” La portavoz del PP, Beatriz Asensio, dijo el viernes que no “hay irregularidades en la documentación”.

Huerga ha recordado que la Diputación ha respondido a muchas peticiones del Grupo Socialista denegándolas por “abuso de derecho” pese a tener “centenares de reparos técnicos que lo justificaban”.

También ha lanzado una pregunta a la portavoz popular. “El PP la presenta en sus listas como secretaria-interventora y yo la pregunto: ¿Cuánta transparencia de la que exige a sus compañeros en Benavente hay en Pobladura y en La Torre del Valle? Ninguna.”