Izquierda Unida de Benavente alerta sobre las nuevas medidas de la Junta de Castilla y León, de las que también hacen responsable al Partido Popular de Castilla y León.

Para la coalición “el impulso de las teleconsultas en las zonas rurales que ha anunciado la consejera, Verónica Casado, supone un agravio comparativo para los habitantes de nuestros pueblos que tendrán una medicina de peor calidad, ya que esto supone que se cerrarán consultorios y que tampoco se impulsarán los hospitalillos comarcales, como pedimos desde Izquierda Unida”.

La brecha digital en las zonas rurales y el envejecimiento de la población, además de la distancia con los profesionales hacen, según IU Benavente, que este tipo de medidas “no sean eficaces a la hora de atender a este tipo de población. Estas medidas indican, además, que no se está haciendo nada que retenga personal sanitario en nuestra Comunidad Autónoma, y que la Consejería no soluciona el problema de fondo, prefiriendo poner parches en vez impulsar medidas serias”.

Según Manuel Burón, coordinador de IU-Benavente, Verónica Casado “ha fracasado como consejera y de eso es consciente el Partido Popular, partido que en este momento está utilizando a la consejera para implantar este tipo de medidas mientras se lava las manos. Para IU la consejera está ejecutando la hoja de ruta del PP”.

Desde IU indican que, la misma Junta que dice no encontrar personal para trabajar en el SACyL despidió a las plantillas COVID en cuanto acabó el Estado de Alarma.

Además, la falta de atención a los propios profesionales de la Consejería ha provocado la renuncia en bloque de todos los miembros del Servicio de Alertas Epidemiológicas de Castilla y León, que dejará de funcionar el próximo 31 de diciembre. Los técnicos facultativos de este servicio han expuesto las razones de su dimisión, que se basa en la situación de “deterioro progresivo del funcionamiento del Sistema” y el “reiterado incumplimiento de las obligaciones de las consejerías implicadas”.

Para IU, esta consejera ha sido “especialmente dañina para la sanidad en Castilla y León. Su dimisión debería hacerse efectiva por dignidad y por respeto a la población castellana y leonesa, y antes de que las movilizaciones sociales lo pidan en la manifestación que se prevé para finales de enero o febrero”.

Para la coalición de Izquierda Unida en Benavente “la precarización del empleo del personal sanitario en Castilla y León es más que preocupante, y así es imposible fijar personal en la región. El maltrato al personal influye directamente en la atención al paciente. No habrá sanidad de calidad sin contratos de calidad, pero para eso hace falta voluntad política”, asegura Manuel Burón.