A las puertas del inicio del nuevo curso escolar, no habrá relajación de medidas en las aulas de Castilla y León frente al coronavirus y, por lo que parece, al menos de momento, tampoco el respaldo económico “suficiente” por parte de la administración regional a los ayuntamientos para cubrir todos los gastos extraordinarios que conllevan las medidas a adoptar. Eso es lo que vuelve a poner sobre la mesa el Ayuntamiento de Benavente que ya estudia, a través de los servicios jurídicos, reclamar por la vía judicial a la Junta de Castilla y León el importe económico que supone adoptar las medidas extraordinarias impuestas por la situación de pandemia desde la administración competente, la autonómica.
Con la presentación de facturas de gastos de electricidad y calefacción, así como de el coste por la contratación de ocho personas para realizar las labores extraordinarias de limpieza y desinfección en colegios públicos de Infantil y Primaria y en el Centro de Adultos, avala unos gastos que rondan los 80.000 euros extra en el curso pasado. “Si los Ayuntamientos castellanoleoneses tuviésemos que depender de las cuantías económicas que nos da la Junta para mantener seguros y con las debidas condiciones higiénico sanitarias en las aulas de nuestros colegios o para mantener en las debidas condiciones de temperatura durante los meses de invierno lo llevábamos claro. Sin duda alguna la actuación del Gobierno de Junta de Castilla y León en esta materia es un acto mezcla de insolidaridad, deslealtad institucional e incompetencia manifiesta”, señala el alcalde de Benavente, Luciano Huerga.
Y es que la Junta sí ha concedido subvenciones nominales a los ayuntamientos que en el caso del Ayuntamiento de Benavente ascienden a 11.300 euros. Solo a gastos de personal por la situación generada por el COVID-19, el Ayuntamiento destina 62.095,45 euros, por lo que de estos gastos la aportación de la Junta sufraga el 18,20%. En esta relación de gastos no se contemplan los gastos de limpieza ordinarios efectuados por la empresa contratada a los efectos por el Ayuntamiento. Es decir que no se cubren de estos gastos un total de 50.795,45 euros.
Pero es que a los gastos de personal hay que sumar los de suministros, que en el caso del Ayuntamiento de Benavente se cifran en un total de 46.853,51 euros, para calefacción; y 28.327,95 euros en electricidad, aunque faltan algunas facturas por recibir y abonar, según explica el alcalde. En total este coste es de 75.181,46 euros.
La estimación de incremento respecto a otros ejercicios de estos gastos de suministros es de entre un 20 y un 30% más, lo que en cifras supone entre 25.000 y 30.000 euros. En total el incremento total de los costes respecto a otras anualidades se sitúa entre los 75.000 u 80.000 euros, al sumar los costes derivados por la situación excepcional de la pandemia no sufragados por la Junta de Castilla y León (50.795,45 euros no sufragados de personal + 25.000 o 30.000).
Hace hincapié Huerga en que, en esta materia, la Junta no solo no cumple con su competencia (avalada en un informe técnico de Diputación en que se refleja que se trata de una situación excepcional y que la administración debería soportar económicamente los gastos extraordinarios derivados de ella), “sino que saca unas directrices para obligarnos a los ayuntamientos para que hagamos lo que ellos digan. Es yo invito y tú pagas”.
Recuerda el alcalde que a través de la Federación de Municipios y Provincias ya en el mes de junio se presentó una moción a la Junta para pedir que hiciera un esfuerzo económico mayor para cubrir un porcentaje mayor de esos gastos extraordinarios. “Son costes extra que deberían ser sufragados en su totalidad por la Junta. Bien desde Consejería de Sanidad o Educación debería sufragar a todos los ayuntamientos la totalidad de los costes. Estamos en septiembre y la Junta está desaparecida, no ha habido respuesta a esta instancia”.
Desde el Ayuntamiento de Benavente se dará un paso más y asegura su alcalde, que así lo harán también otros ayuntamientos de la comunidad. De momento, remitirán un escrito solicitando que sea la Junta la que asume estos costes y ya plantea ir a la vía judicial para reclamarlo.
“Iremos a la vía judicial y que dilucida el tribunal de lo contencioso administrativo si es como anuncian la entidades locales, que son gastos extras contra la pandemia. Estamos hablando que solo en personal son más de 50.000 euros cada curso escolar”, explica. Y lamenta que “estamos peor que el pasado año, porque desde la Junta de Castilla y León no se ha escuchado a los ayuntamientos. No hay cambios respecto a lo decidido el pasado año y no se puede cargar con esta responsabilidad a los ayuntamientos”.
