El cierre de Dentix, la franquicia de salud bucodental que también tenía una clínica abierta en Benavente, ha dejado varias decenas de afectados en la ciudad y en la comarca sin servicio pero con los créditos personales que suscribieron pendientes de devolución.

La Oficina de Información al Consumidor de Benavente (OMIC) ha contabilizado un total de 51 reclamaciones y consultas de usuarios, 40 de ellas en el mes de octubre y el resto en noviembre, y por ello la Concejalía de Sanidad ha decidido remitir una carta al Servicio Territorial y Consumo recordando que la normativa obliga a suspender el pago de las cuotas crediticias y que como autoridad competente sería conveniente notificar la situación a las entidades financieras afectadas.

Con motivo del concurso de acreedores en el que se encuentra inmersa la entidad Dentix, y el cierre del local en Benavente, “desde la Concejalía de Sanidad hemos podido constatar que hay numerosos consumidores afectados y preocupados por la situación que este cierre les ha ocasionado”, ha explicado la Concejalía de Sanidad.

“Muchos de estos ciudadanos se han visto afectados, no únicamente por la interrupción de sus tratamientos y los problemas que en su salud dental esta suspensión les ha generado, sino que además, se ven perjudicados por tener que asumir los pagos derivados de un crédito vinculado a un tratamiento que no van a recibir”, resalta la Concejalía de Sanidad.

Teniendo en cuenta la desinformación y la situación en la que muchos de estos consumidores se encuentran, “se considera necesario un esfuerzo conjunto de las Administraciones Públicas para poder, cada uno en el ámbito de sus competencias, ayudar a los afectados a que puedan encontrar una solución a sus problemas”, añade.

LA LEY DEL CRÉDITO AL CONSUMO PROTEGE A LOS USUARIOS

La Concejalía de Sanidad invoca la Ley de Crédito al Consumo, que establece que la cesación de la prestación por parte de la empresa prestataria del servicio financiado conlleva el derecho del usuario a suspender el pago de las cuotas pendientes del crédito vinculado.

Por ello considera la Concejalía conveniente comprobar que las entidades financieras están cumpliendo con esta obligación, instarlas a cumplir la normativa si no estuviera ocurriendo y advertir de que la omisión es motivo de infracción sancionable, según el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.

En Benavente, y en el ámbito de la OMIC “de momento solo está contestando rápidamente para requerir documentación la financiera del BBVA de las reclamaciones presentadas. El resto aún están llegando las cartas”.

Es por este motivo que Sanidad ha pedido al Servicio Territorial de la Junta en Zamora, teniendo en cuenta la competencia ostenta en esta materia, desde, que se pueda requerir formalmente a las entidades financieras a que cumplen con la normativa de aplicación, con el fin de defender los derechos de los consumidores y usuarios de Castilla y León.