La Audiencia Provincial de Zamora ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, tras la desestimación del recurso de reforma y el sobreseimiento de la causa abierta contra el que fuera en 2015 concejal de Urbanismo por el Partido Popular, José Manuel Salvador (hoy edil en la oposición) por la presunta comisión de hechos delictivos (presuntamente prevaricación y/o malversación) en ese año por la orden de asfaltado de la calle Zafra.

El 10 de septiembre de 2020 la Audiencia Provincial, mediante auto, declara la inexistencia de indicios respecto de la autoría por parte del denunciado de la orden, mandato o intervención directa, resolviendo el sobreseimiento de la causa. Contra este auto no cabe recurso, por lo que se considera definitivo.

Salvador ha valorado positivamente el sobreseimiento y asegura que “siempre dije la verdad, di varias ruedas de prensa y reté al alcalde a que en el caso de que yo tuviera razón, dimitiese. Y si la tenía él, dimitiría yo. Ahora se ha demostrado por qué no aceptó el reto, porque sabía que yo tenía razón”, señala. Hace hincapié el concejal popular en que en este último auto se recuerda que hay un acta de marzo del 2018 que “excluía mi intervención y de la que necesariamente tenía conocimiento el señor Huerga. Y esto me recuerda a mí las ocasiones en las que pedí formalmente tanto en pleno como en comisiones informativas que se preguntase a quien podía haberle verificado lo que después han dicho los autos del juzgado”.

Señala como perjudicados “mi persona, que ha pasado por un proceso judicial por un interés político de Luciano Huerga, además de tener que soportar barbaridades e insultos de algunos miembros del anterior y actual Gobierno municipal” y también “el Ayuntamiento y los benaventanos, porque tienen que costear los gastos judiciales que nunca deberías de haberse producido” y afirma que “hubo intencionalidad política”.

El 23 de septiembre Salvador solicitó que le sea reconocido como concejal el derecho a que se sufraguen los gastos de la defensa jurídica y la Alcaldía ya ha reconocido el derecho a indemnización por valor de 2.066,02 euros.