La Junta de Castilla y León tendrá que abonar al Ayuntamiento de Benavente 41.000 euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza urbana al Ayuntamiento de Benavente en cinco liquidaciones complementarias al no dar de alta la alteración del valor catastral del edificio tras ejecutar las obras de reforma del centro sanitario.
Una inspección tributaria de la Gerencia Provincial del Catastro detectó la anomalía en septiembre de 2018 y terminó resolviéndola en la primavera del pasado año. Los inspectores comprobaron que la descripción catastral del centro hospitalario había sido alterada y no declarada.
“En las actuaciones practicadas, cuyo plazo de duración será de seis meses contados a partir de la notificación del comunicado de inicio de las mismas y que se iniciaron el 17 de septiembre de 2018 se ha comprobado que se han producido hechos, actos o negocios susceptibles de originar una modificación de la descripción catastral del inmueble de referencia, que no consta hayan sido declarados, consistentes en la ampliacion, reforma de un hospital. Con dos zonas de aparcamiento valoradas como obras de urbanización, y cuyas circunstancias se acreditan mediante la documentación aportada a requerimiento del proyecto de fin de obra”, dice literalmente el informe inspector.
La consecuencia directa de esta inspección fue una revalorización del valor catastral del inmueble que, entre 2015 y 2019, dobló e incluso multiplicó por tres en algunas anualidades la base liquidable sobre la que se aplica el impuesto. De hecho, tras las inspección el valor catastral del inmueble pasó a ser de 3,88 millones de euros y las bases liquidables: de 1,89 millones en 2015; de 2,18 millones en 2016; de 2,46 millones en 2017; de 2,75 millones en 2018; y de 3,03 millones en 2019.
La labor fiscalizadora del Catastro hizo ver al Ayuntamiento que la Junta había eludido abonar el IBI que realmente le correspondía y emitió por ello cinco declaraciones complementarias por el importe ya citado. Para observar la diferencia, las bases liquidables, sin conocer los resultados de la inspección, habían estado por debajo de 1,1 millones cada anualidad.
No es la primera vez que la Junta de Castilla y León no declara ante el Catastro la construcción o reforma de un edificio público en Benavente. Ya lo hizo con el Centro de Especialidades, al punto de que llegó a ahorrarse 100.000 euros en impuestos municipales porque parte de esa deuda de IBI había prescrito. De hecho la Junta comenzó a tributar en Benavente el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por el Centro de Especialidades en 2016, pese a que el edificio tenía ya 12 años. La Junta no comunicó el alta catastral del inmueble, el Ayuntamiento nunca reclamó y la Dirección del Catastro no investigó su titularidad hasta 2013 tras iniciar una inspección. Empleó 3 años en en determinar que el edificio era de la Junta y al final registró la alteración con efectos en 2016, posibilidad de reclamar todo el IBI adeudado porque una parte había prescrito.
