El Ayuntamiento de Pobladura del Valle tendrá que cumplir las condiciones del contrato vigente con una empresa de la localidad y abonar 7.820 euros por un lado y otro 22.976 por otro en concepto de la venta de la madera de chopo de tres fincas de propiedad municipal que plantaba y trabajaba la mercantil en régimen de consorcio.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha estimado parcialmente el recurso de la empresa Thriving Land SA y Herederos de Ángel Cañibano Fernández que se vieron abocados a acudir a los tribunales en abril de hace dos años al rechazar el Ayuntamiento el recurso de reposición planteado por la firma por el incumplimiento del pago estipulado en el contrato original.

La juez da la razón a la empresa en el apartado relativo al cumplimento de las condiciones contractuales rubricadas en mayo de 2008 por la Administración local de Pobladura del Valle y la empresa que inicialmente iba a realizar los trabajos. La magistrada resuelve en la sentencia que cada parte asuma sus costas y establece un periodo de 15 días para la interposición de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

La Corporación municipal que gobernaba en Pobladura del Valle en 2008 decidió sacar a concurso la plantación y tala de madera de chopos en unas ochenta hectáreas de terrenos comunales repartiendo la explotación maderera de forma consorciada, esto es, repartiendo al cincuenta por ciento la venta de la madera en el caso de que las fincas no estuvieran plantadas de chopos, y en la proporción del 60% para el Ayuntamiento y el 40% para la empresa en el caso de las fincas con las plantaciones ya realizadas.

Una empresa de Cuenca se hizo con el contrato en estas condiciones, pero con el paso de los años fue a la quiebra y vendió los derechos de explotación a otra firma, esta última con capital de Pobladura del Valle y en manos de un vecino de la localidad. El acuerdo incluía que la empresa se hiciera cargo de las labores de plantación (en el primer caso), de gradeo, limpieza y otros (específicamente en el segundo caso), y así se fue desarrollando durante años, hasta el anterior mandato municipal.

La tala de tres fincas del polígono 501 del término municipal se produjo con normalidad, pero tras realizarse la venta de la madera, el actual equipo de Gobierno del Partido Popular presidido por Ángel Vicente Santiago del Río, decidió que el reparto establecido en el contrato, del 60% para el Consistorio y del 40% para la empresa, era excesivo y redujo la cantidad, extremo que fue criticado por la oposición.

Los representantes legales de la mercantil Thriving Land SA y Herederos de Ángel Cañibano Fernández denunciaron el incumplimiento del contrato, ante el Ayuntamiento, que lo desestimó.