El Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente ha acordado el sobreseimiento provisional de las diligencias previas por la pavimentación de la calle Catalanas y parte de la calle Zafra en mayo de 2015, a falta de dos semanas para las elecciones municipales.

El auto de la juez resuelve que de lo actuado "se desprende que los hechos investigados son constitutivos de infracción penal", si bien no existen "motivos suficientes" para atribuir su perpetración a persona alguna determinada y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones".

El Ayuntamiento emprendió acciones judiciales después de que Exfamex, la constructora que realizó los trabajos, reclamara el pago de la urbanización del vial y de que el Consistorio que aclarase quién había realizado el encargo de esa obra, de la que no constaba ningún procedimiento administrativo ni urbanístico en el Consistorio.

La administradora de la empresa, citando a trabajadores de la constructora que posteriormente realizaron declaraciones contradictorias, señaló al entonces responsable de Urbanismo, José Manuel Salvador.

La juez dictó auto de apertura de diligencias previas de procedimiento abreviado en marzo del pasado año. Aunque la denuncia se planteó por un presunto delito de malversación de caudales públicos, finalmente el auto recogió la comisión de un delito sin especificar, que según la acusación municipal se incardinaría en el tipo penal de prevaricación.

En la fase de investigación la juez tomó declaración obreros de la empresa, al director de obra y, en calidad de investigado, a Salvador, que negó haber dado la orden respondiendo únicamente las preguntas de su abogado.

La juez concluye en el auto que hubo delito, aunque la falta de pruebas impide determinar la autoría. El auto es impugnable mediante recurso de reforma o subsidiario de apelación, y la acusación municipal ya ha anunciado que recurrirá. La petición de que testificara el que fuera concejal de Fomento, Manuel Vega, no fue acordada, y el abogado del Ayuntamiento considera que debe de tenerse en cuenta tras confirmar la juez la existencia de infracción penal.

Fuentes municipales confirmaron que habrá recurso "al haberse confirmado que hubo un delito". "Se trata de dinero público y este equipo de Gobierno ha acudido a los tribunales en dos casos por este motivo: el otro fue el de los programas del toro", añadieron.