Benavente tendrá que adaptar la normativa urbanística municipal a la Ley de Calidad del Aire y de Protección Atmosférica y comenzar a evaluar esta última. El Consejo de Cuentas ha elevado a las Cortes Regionales su informe fiscalizador de las materias en materia medio ambiental llevadas a cabo por los ayuntamientos de 10.000 habitantes de la Comunidad Autónoma y ha encontrado estas dos fallas en el municipio benaventano.

La ciudad no carga con ningún otro incumplimiento. De hecho, se puede decir que pasa las pruebas fiscalizadoras en materia de residuos urbanos, reciclaje, ahorro energético y otras acciones relacionadas con la protección o mejora del medio ambiente, desde la redacción de ordenanzas, hasta la ejecución de medidas específicas en las contrataciones públicas.

El Consejo no hace ningún reparo u observación negativa más, y en el caso de la Ley de Calidad del Aire y Protección Atmosférica Benavente no es diferente al resto de municipios de la región que, en su mayoría, no son capitales de provincia. En la misma situación que Benavente se encuentran Miranda de Ebro, Aranda de Duero, Ponferrada, Santa Marta de Tormes y Laguna de Duero.

Básicamente la ciudad incumple los artículos 5 y 10 de la Ley. El primero, en su tercer apartado, señala que corresponde a las entidades locales ejercer aquellas competencias en materia de calidad del aire y protección de la atmósfera que tengan atribuidas en el ámbito de su legislación específica, así como aquellas otras que les sean atribuidas en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas en esta materia.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo. Así las cosas, la ciudad deberá adaptar su PGOUB a lo que establece la ley.

El artículo 10, desarrolla más aún el precepto anterior y se centra en la evaluación de la calidad del aire. Las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales en los términos del artículo 5.3, evaluarán regularmente la calidad del aire en su correspondiente ámbito territorial, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente que en cada caso sea de aplicación, a los criterios específicos que reglamentariamente se establezcan en relación a los distintos objetivos de calidad del aire, y a los métodos establecidos por la Unión Europea en esta materia, dice en primera instancia. A renglón seguida especifica que las aglomeraciones deberán disponer, por sí mismas o en colaboración con las comunidades autónomas, de estaciones y redes de evaluación de la calidad del aire.

Por último, determina que una vez establecidos los objetivos de calidad del aire a los que se refiere el artículo anterior, las comunidades autónomas y, en su caso, las entidades locales deberán realizar una evaluación preliminar de los niveles de contaminación en relación con los contaminantes a los que se refieran los objetivos de calidad del aire, en aquellas partes de sus territorios donde no existan mediciones representativas de dichos niveles.