El alcalde de Benavente, Luciano Huerga, acusado por el PP junto a la edil de Urbanismo de haber cometido un delito de prevaricación administrativa por no haber clausurado el Centro de Hemodiálisis, declaró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 que el delegado territorial de la Junta, Alberto Castro, le comunicó en junio de 2016 que, pese a las irregularidades urbanísticas detectadas por el Ayuntamiento en el local acondicionado por la concesión, si el Centro de Hemodiálisis se cerraba, Benavente podría perder el servicio.
Un mes antes el Ayuntamiento había denegado la licencia a la empresa Avericum en la calle Sanabria porque no se cumplía con la dotación de plazas de aparcamiento y se vulneraba la normativa de ruidos. El Ayuntamiento mantuvo varios contactos con la Junta para que esta mediara ante la posibilidad de que la única solución al problema fuera la clausura.
El artículo 71 de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León determina en su primer apartado que la clausura cabría si el interés público lo aconsejara. Huerga se lo comunicó al delegado territorial y el gerente de Atención Médica y Especializada, Francisco Javier Montes, remitió una comunicación al Ayuntamiento subrayando que, pese a los defectos urbanísticos del local, este contaba con autorización sanitaria de funcionamiento que garantizaba que se cumplía todos los estándares de calidad y seguridad para los pacientes y que la actividad de diálisis "es un servicio público sanitario de interés general que beneficia especialmente a la población de Benavente".
Ese mismo día, 7 de junio de 2016, Huerga decretó el cese de la actividad descartando la clausura, pero hizo constar en el decreto que la Junta consideraba el servicio sanitario de interés general. Avericum recurrió el cese de la actividad ante el Ayuntamiento y seguidamente interpuso un contencioso. Perdió el pleito, pero la magistrada admitió que, como medida cautelar, el Centro de Hemodiálisis no se cerrara hasta que finalizaran los procedimientos.
Ha habido cuatro contenciosos, todos ganados por el Ayuntamiento, más otros dos recursos ante el TSJ pendientes de resolución. El Grupo Municipal del Partido Popular fue informado en todas las comisiones informativas de área y tuvo acceso a todos los decretos y a la documentación.
Luciano Huerga lo recordó ayer en su declaración y el Ayuntamiento aportó un cd con todo este contenido. Entonces la acusación del PP pidió la suspensión de las declaraciones alegando que desconocía los procedimientos administrativos. Antes había prestado declaración el presidente local del PP, diputado provincial y edil, Juan Dúo. El popular se ratificó en la denuncia y aunque luego matizó, que personalmente la decisión municipal no le causaba daños y perjuicios, cuando el abogado municipal le preguntó por lo acontecido dijo ignorarlo y se remitió a sus "compañeros".
La suspensión motivó una queja verbal del alcalde: "Una cosa es el uso del derecho y otra el abuso del derecho", planteó en sala en relación con el presunto desconocimiento de los pleitos y de un procedimiento del que el PP estaba puntualmente informado y era de conocimiento público por la prensa. "El PP de Benavente quería que cerráramos el Centro de Hemodiálisis para luego acusarnos de haberlo cerrado pese a que sabían todo lo que pasaba y lo que había dicho la Junta. Su cobardía política no tiene límite, al igual que su hipocresía y su cinismo. Denuncian y criminalizan a los que defendemos la sanidad y se callan cuando se quiere cerrar el hospital, cuando se pide un pediatra o se cierran consultorios", declaró tras salir del juzgado.
