La Concejalía de Bienestar Social prepara un Plan de Cobro General de la Deuda de los recibos del agua. Es una de las medidas propuestas para resolver de un modo "eficaz" la deuda existente por este servicio municipal y al comprobar que "la convocatoria ordinaria de la pobreza hídrica y la bonificación de la tasa del agua se revelan como instrumentos ineficaces para ello". Esta iniciativa se ha dado a conocer en la comisión de valoración de las ayudas de pobreza hídrico-energética de este año.
En total este año son 182 familias las que cuentan con ayuda contra la pobreza hídrico-energética. 163 solicitudes concurren a ambas ayudas, 14 más solo a la pobreza energética y 5 más solo a las ayudas de la pobreza hídrica. De las solicitudes subvencionables este años, 120 usuarios dependen de ayudas o prestaciones sociales, mientras que el resto, están en proceso de tramitación de prestaciones sociales, viven de su trabajo o sus ingresos proceden de la economía sumergida.
En cuanto a la pobreza hídrica, la cantidad reservada para el pago del enganche a la red de un usuario por impago es de 180 euros; y el importe medio a subvencionar es de 94,17 euros. La mitad de las solicitudes son para familias con ingresos por debajo de la renta per cápita en un 25% y reciben una media de 115,47 euros.
La valoración realizada por la Concejalía pone de manifiesto una "deuda muy alta" relacionada con el pago de la tasa del agua 17.598,23 euros de los años que cubre la convocatoria de la pobreza hídrica: de 2012 a 2018. Y "demasiados deudores", ya que de los 168 beneficiarios de las ayudas de la pobreza hídrica, tienen deuda 60, es decir, el 35,71 %.
Señala también que la cantidad de la deuda que amortizan las familias beneficiarias de las ayudas de la pobreza hídrica, 4.875,76 euros, es "poco significativa" ya que representa el 27,70 % de la deuda total. Asegura la Concejalía que "la convocatoria de ayudas a la pobreza hídrica no ha sido un instrumento eficaz para reducir deuda".
Señala, además, que en el seguimiento efectuado desde la Concejalía, se constata que la práctica totalidad de los usuarios de las ayudas de la pobreza hídrica (96,33 %), han atendido el pago de los nuevos recibos de agua, lo cual significa que la bonificación es un instrumento "potente" para afrontar el pago de los nuevos recibos, pero "no disponemos actualmente de un instrumento eficaz para resolver la deuda: la convocatoria ordinaria de la pobreza hídrica y la bonificación de la tasa de agua se revelan como instrumentos ineficaces para ello".
Las propuestas de la Concejalía pasan por el aumento "significativo de la dotación presupuestaria para estas ayudas" pasando de 16.000 a 28.500 euros; la redistribución de la partida de pobreza hídrica de modo que se logre un discreto aumento de la deuda amortizada; y la modificación de las bases de la convocatoria de 2010, priorizando el pago de la deuda y destinando para ello el 34% de la partida, es decir, 9.690 euros. Otra propuesta es instar a los usuarios a que soliciten la bonificación y hacer un seguimiento riguroso del proceso para evitar la tendencia a la baja de los usuarios con bonificación; realizar una campaña de difusión del modelo de fraccionamiento del pago; y la promoción de una campaña de corresponsabilidad que haga visible las responsabilidades del ciudadano y del Ayuntamiento y de la obligación de éste de asegurar el cobro de los servicios que presta. "Dicha campaña incluiría un plan de cobro de la deuda pendiente, empezando por las deudas más altas".
Pobreza energética
Los criterios de reparto de las ayudas de la pobreza energética atienden a la renta per cápita media de la unidad familiar. El importe medio a subvencionar es de 211,87 euros.
Teniendo en cuenta el gasto justificado por las familias, el 36,72% (65 de 177) de los usuarios beneficiarios de estas ayudas, acreditan mediante facturas un gasto inferior a la cantidad que le correspondería atendiendo a la renta per cápita media. Es decir, en el 36,72% de los casos el importe medio subvencionable es superior al gasto real.
Considera también la Concejalía que "tanto el bono social, concedido por las empresas comercializadoras, como el bono térmico concedido por el Estado son subvenciones prácticamente generalizadas desde el año 2018. Por tanto, se está subvencionando el mismo concepto desde distintas administraciones".
Es por ello que propone la Concejalía del área la modificación de la dotación presupuestaria para 2020. "Cabe proponer una redistribución de las partidas correspondientes a la pobreza energética, disminuyendo la cantidad destinada a este concepto en un 33,33% pasando de 37.500 euros a 25.000 euros", explica el concejal del área.
También propone medidas de formación y sensibilización que pasan por talleres de consumo dirigidos a una gestión "eficiente" de la economía familiar; y la puesta de Escuela de Energía, dirigida al asesoramiento a técnicos de CEAS, Cáritas, Cruz Roja, Ayuntamiento y familias beneficiarias de las ayudas de pobreza energética acerca de una gestión eficaz del consumo de energía (gas y electricidad).
