Los servicios jurídicos municipales han rechazado y propuesto la desestimación de los recursos de reposición planteados por los sindicatos UGT, CSIF una docena de agentes de Policía Local (afiliados a la anterior central sindical) contra la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) pese a haber votado por unanimidad su aprobación en la Junta de Personal de los funcionarios municipales.
Los recursos que, en el caso de los policías, llega a firmar hasta tres veces algún agente, se sustentan en numerosos motivos que van desde la negativa de la aprobación del acuerdo hasta la afirmación de que no habían recibido la información pertinente. La Secretaría Municipal desmonta una por una todas estas alegaciones con fechas pormenorizadas de las entregas de información, de las reuniones de la Junta de Personal y su contenido, y de las aprobaciones realizadas. También invoca numerosa normativa vigente y jurisprudencial en respuesta a algunas alegaciones concretas y novedosas en un informe de 33 páginas que concluye defendiendo la íntegra legalidad del proceso y de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en su momento por los representantes legales de los trabajadores.
Tras dar respuesta a todos los grupos de alegaciones, en muchos casos repetidas, la secretaria municipal del Ayuntamiento benaventano resuelve acordar el levantamiento de la suspensión tácita de la ejecución del acto sobre el que se solicita la declaración de nulidad o en su defecto anulabilidad, al resolverse expresamente en este trámite la desestimación del Recurso de Reposición. De este modo la resolución pasa a ser plenamente ejecutiva de acuerdo con la Ley Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La Junta de Personal voto a favor y de forma unánime de la RPT redactada por la consultora Rodríguez Viñal tras un largo proceso de casi dos años de consultas y resolución de alegaciones, pero UGT y CSIF se desmarcaron de los efectos económicos de la misma. Este hecho ha generado una notable controversia entre los funcionarios locales porque el plus de asistencia, considerado a todos los efectos irregular e ilegal, pasaba a regularizarse con un mecanismo progresivo de abono a tres años vista. La RPT determina las remuneraciones y complementos que comporta cada puesto de trabajo en el organigrama municipal de acuerdo con la preparación requerida y el grado de responsabilidad que entraña, entre otros factores. La propuesta municipal, legalizando el citado plus de asistencia, suponía que la aplicación de la RPT a los funcionarios (la negociación con el personal laboral no ha comenzado aún) incrementaría los costes en 120.000 euros anuales.
El rechazo de UGT y de CSIF, nutrido mayormente de afiliados de la Policía Local, dio al traste con el acuerdo y el coste final de la RPT será de 100.000 euros al año al descartarse la regularización de ese plus, según informaron fuentes municipales.
