"Fue una denuncia falsa orquestada políticamente", aseguró ayer el alcalde de Benavente, Luciano Huerga, tras conocerse el archivo de la denuncia por prevaricación planteada por el empresario y copropietario de una finca en la calle Zafra, Rodrigo Cobreros Gil, cuya expropiación parcial ha permitido construir un vial en la zona estructurando así el tráfico rodado en toda la urbanización de las Catalanas.
El alcalde de Benavente, Luciano Huerga Valbuena, emitió ayer su valoración respecto al auto emitido por la Audiencia Provincial de Zamora, que lo exculpaba del presunto delito de prevaricación ante la denuncia por expropiación de unos terrenos de la calle Zafra. Huerga, quien manifestó desde el primer minuto su confianza en la justicia, recibió el auto el pasado viernes, documento que ratifica jurídicamente su inocencia ante el caso.
"La denuncia, que en todo caso fue absolutamente falsa, fue realizada por un ciudadano que no entendía que el interés general está por encima del interés particular", explicó Huerga. El alcalde benaventano calificó dicha denuncia como una "maniobra orquestada de forma política", debido a que con ella se conseguiría "desprestigiarle" y también al equipo de Gobierno socialista en un periodo de tiempo cercano a las elecciones municipales de mayo de 2019. En concreto, planteó que había estado planificada en connivencia o acuerdo con el anterior equipo local del Partido Popular, que pidió después en diversas ocasiones su dimisión por la investigación del caso. "Pidieron mi dimisión sin respetar la presunción de inocencia, cuando ellos tienen acusados sentados en los banquillos", afirmó. Huerga no presentó su dimisión y recurrió la denuncia.
Ahora, el auto judicial emitido por la institución judicial zamorana resuelve el caso atestiguando, según Huerga, "que las decisiones de este alcalde no son caprichosas, sino que se basan en el cumplimiento de la Ley y en la defensa común de los ciudadanos". "Siento alegría y satisfacción por dicha manifestación de inocencia", añadió.
Tras las pasadas elecciones municipales y, con ellas, la renovación parcial del nuevo equipo popular, Huerga aseguró que existe una oportunidad única para que este partido pida disculpas en rueda de prensa, eliminando o mermando la crispación política local presenciada en los últimos años. "Deben imponerse e intentar que las viejas ideas populares desaparezcan", concluyó.
El auto de sobreseimiento de la Audiencia Provincial precisa que el delito de prevaricación supone dictar una resolución arbitraria y en un asunto administrativo, y cita al Tribunal Supremo en relación a las causas que podrían sustentarlo, como son "la total ausencia de fundamento; si se han dictado por órganos incompetentes; si se omiten trámites esenciales del procedimiento; si de forma patente y clamorosa desbordan la legalidad; si existe patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales... ". Además, subraya que "el delito de prevaricación" tiene como razón "sancionar supuestos límite, en los que la posición de superioridad (...) se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado en un injustificado ejercicio de abuso de poder", es decir "como actos contrarios a la Justicia, la razón y las leyes, dictados sólo por la voluntad o el capricho".
En este asunto se emitieron todo tipo de informes y los magistrados concluyen su resolución que no solo no concurre el supuesto de que el alcalde actuara injusta o arbitrariamente imponiendo su voluntad, sino que, por contra, "la finalidad que guiaba dicha actuación era que dicha parte del terreno propiedad del denunciante continuara o siguiera destinándose a vial público, garantizando el tráfico rodado, tráfico que evidentemente se veía interrumpido por las obras de vallado" del denunciante.
