La Fiscalía Provincial de Zamora ha propuesto al Juzgado de Instrucción número 1 el archivo de la denuncia por presunta prevaricación presentada por el empresario y propietario de la parcela expropiada en la calle Zafra, Rodrigo Cobreros Gil.
La fiscal ha interesado el archivo y sobreseimiento provisional de la causa al entender que de lo actuado hasta el momento no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la presente causa, versando los hechos en una cuestión puramente civil y no siendo encuadrados en un ilícito penal.
La comunicación de la fiscal está asociada a un plazo de tres días para que las partes se pronuncien aceptando la propuesta o impugnándola mediante la interposición de un recurso de reforma. La defensa de Huerga ya ha comunicado al Juzgado de Instrucción número 1 su conformidad con el planteamiento de la Fiscalía Provincial, mientras que la acusación habría presentado ya en tiempo un recurso de reforma oponiéndose al archivo de la denuncia. Así las cosas, sera la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente la que, a la vista del informe del Ministerio Público, dirima si resuelve archivar la denuncia o continuar adelante con la instrucción de la misma.
Inicialmente el propietario de la parcela expropiada en la calle Zafra denunció un presunto delito de usurpación que más tarde convirtió en un delito de prevaricación que imputó directamente al alcalde Luciano Huerga.
Este y la secretaria municipal prestaron declaración en octubre del año pasado ante la juez y la fiscal y precisaron que la desestimación del estudio de detalle de los propietarios de la unidad de actuación El Tejar II y el proceso expropiatorio posterior de parte de una parcela para desarrollar el vial entre las calles Catalanas y Zafra tal y como recoge el Plan General de Ordenación Urbana, fueron decisiones colegiadas y avaladas en todo momento por los informes técnicos municipales.
Alegaron que en este proceso no hubo dilaciones, ni decisiones unipersonales del alcalde y defendieron también que ni las decisiones colegiadas adoptadas (Junta de Gobierno y Pleno) fueron tomadas por animadversión del alcalde, ni tampoco fruto de ninguna presión vecinal. Por contra sostuvieron que todas las decisiones siguieron las prescripciones de distintos y numerosos informes técnicos.
El Ayuntamiento ha aportado el expediente digitalizado al Juzgado, un expediente que ya obra en cuatro procedimientos contencioso-administrativos emprendidos por el empresario, incluido un recurso contra el pago municipal de la pavimentación de la calle, siendo privada, antes de las elecciones de 2015 bajo el Gobierno municipal del Partido Popular. Hasta ahora, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha resuelto negativamente las medidas cautelares solicitadas por los abogados de Cobreros al considerar la magistrada que ha primado el interés general sobre el particular.
