La Guardería Infantil "La Veguilla", de la que es titular la Diputación Provincial de Zamora, creó en 1998 un fondo opaco pidiendo al proveedor de carne que todos los noviembres de cada año inflará la factura con al menos 300 euros para disponer de dinero líquido con el que afrontar trabajos de mantenimiento (pintura, chapuzas, arreglos de cualquier tipo) en las instalaciones.

Con este sistema, que se ha mantenido durante 19 años, la dirección de la guardería pretendía contar con una bolsa de dinero suficiente y operativa al que acudir en caso de necesidad sin tener que iniciar los trámites oficiales habituales para resolver este tipo de problemas. Buscaba, y así se lo explicó a la empresa suministradora Carnicería Infestas, alcanzar una bolsa de entre 1.500 y 2.000 euros con el que afrontar esas presuntas necesidades si surgían.

El proveedor no vio nada de malo en la propuesta, aunque escapara a la fiscalización de la Diputación, y accedió a inflar la factura todos los noviembres de cada año, coincidiendo con el cierre del ejercicio fiscal exigido por la Diputación a la guardería.

Este fondo opaco obligaba al proveedor a generar una doble contabilidad para diferenciar el montante realmente facturado a la Diputación (hinchado todos los años en al menos 300 euros) y el que determinaba el coste real por el consumo de carne.

Así, si la guardería consumía cada mes 600 euros de diferentes productos cárnicos, al llegar noviembre el proveedor añadía también el de diciembre (que nunca se facturaba por ser inhabil fiscalmente) con una cantidad inferior de consumo debido a las festividades y los 300 euros del fondo opaco de mantenimiento, todo con su correspondiente IVA.

Este mecanismo comenzó en 1998, de forma que cuando la bolsa ya acumulaba 1.500 euros (lo que ocurrió en 2003) y se empezó a superar inevitablemente esta cantidad, la dirección comenzó a pedir al proveedor que le enviará jamones ibéricos, lechazos, callos y mollejas. Esta suerte de pedidos compensatorios lograba que la bolsa de fondos para mantenimiento de las dependencias se mantuviera mas o menos estable en el importe de 1.500-2.000 euros, aunque ocasionalmente para lograr este objetivo se aligeraba la factura real, esto es, se descontaba una cantidad mínima del consumo real mensual.

¿Utilizó alguna vez la dirección de la guardería el dinero para realizar trabajos de mantenimiento, pintura o cualquier tipo de chapuza? Según Carnicería Infestas no, aunque en una ocasión empleó algo más de 100 euros para adquirir una máquina afiladora para la cocina de la guardería.

Por contra, los pedidos de jamones ibéricos deshuesados "para merendar los niños" o, los lechazos, las mollejas y los callos, se convirtieron en peticiones más o menos recurrentes.

En todo este tiempo el proveedor emitía albaranes mensuales con las remsas de carne que realmente se servían a la guardería hasta llegar noviembre (solo en una ocasión, en 2014, se infló la factura dos meses, siempre según el suministrador), mes en el que había que añadir el coste de la carne de diciembre y la "aportación" al opaco fondo de contigencias.

La llegada de la factura electrónica complicó la situación. En 2017 el proveedor tenía que envíar las facturas directamente a la Diputación, pero la dirección de la guardería siempre pedía con anterioridad los apuntes. En septiembre de 2017, la responsable del centro pidió a la empresa que le dejara de servir. Lo hizo sin reclamar el fondo de 1.423 euros que en ese momento mantenía acumulado Carnicería Infestas. Al principio la empresa esperó a ver si la guardería volvía a reclamar sus servicios y el dinero acumulado a base de hinchar las facturas. Esto no ocurrió y aquí comienza la segunda parte de esta historia.