El interés del Grupo Clece en el Hospital de la Piedad parece no haber podido ser más providencial, ni tampoco el único. En su caso, responsables de la empresa visitaron el edificio BIC y contactaron con las religiosas cuando estas se aprestaban, hace algunas semanas, a anunciar su marcha definitiva. El abogado de la Congregación religiosa en Madrid, Eduardo Lastra, confirmó ayer a este periódico los contactos con varias empresas para dar continuidad a la prestación del servicio manteniendo residentes y a los trabajadores.

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados hace años que tomaron esta decisión y así se lo habían comunicado hace tiempo tanto al Patronato del Hospital de la Piedad y a las administraciones local y regional. La falta de vocaciones, su interés por incorporarse a otros destinos nacionales de la orden y, sobre todo la inviabilidad de asumir reformas internas marcadas por la nueva normativa residencial de la Junta tanto por su trabajo como por su coste, habían decidido a la congregación a salir de Benavente de forma irremisible. No obstante esta salida estaba condicionada a buscar plaza para los ancianos y a causar el menor quebranto posible a los trabajadores, más de una veintena.

El interés de la fundación que preside el Padre Ángel por este proyecto primero, y posteriormente el interés de Asprosub, parecen no haber prosperado. El consejo de la fundación descartó el desembarco en el primer caso, y el volumen inversor que requiere el BIC para adaptarlo, aún con el Plan General de Ordenación Urbana modificado, motivó un efecto similar en la ONG benaventana.

Así las cosas, las religiosas iban a anunciar su salida cuando recibieron la visita inesperada de responsables de la empresa Clece. Estos mostraron su interés por dar continuidad a la actividad. Según ha podido saber este periódico, tras un primer contacto con responsables de la Junta y del Ayuntamiento, la empresa estaría dispuesta a hacerse cargo del Hospital de la Piedad y a asumir la inversión sin que el funcionamiento actual decaiga. El coste inversor no es bajo. Adecuar a la nueva normativa regional de residencias el edificio BIC podría oscilar entre 1 y 1,5 millones de euros de inversión. Para hacerla factible sería preciso primero consumar la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (inminente) y fijar un marco legal para la cesión del BIC a la empresa como ha venido ocurriendo hasta ahora en el caso de la congregación religiosa. Este acuerdo buscaría mantener la finalidad social del inmueble y de los servicios que presta.