El concejal del Partido Popular y asesor de obras de la Diputación de Zamora, Manuel Vega, reeditó ayer en una conferencia de prensa la posición que mantuvo sobre el Plan de Reindustrialización en la Delegación Territorial de la Junta el día 28 de diciembre expresando sus dudas sobre el cumplimientos de los plazos y la inversión prevista recogidos en el estudio de viabilidad de Arup y proponiendo una modificación del Plan General, la ampliación de plazos y el faseo del desarrollo previsto .

Vega se reivindicó primero a sí mismo recordando su bagaje como concejal de Fomento en Benavente y como diputado provincial de Obras en la provincia, bagaje en el que incluyó (además de un manejo práctio de la Ley de Contratos del Sector Público) el desbloqueo del polígono de Villabrázaro, el desarrollo del polígono de San Cristóbal y el desarrollo del plan parcial del Polígono Industrial Benavente III, actualmente sin embargo en vías de derogación.

Pese a que este plan parcial no se desarrollará y dejará paso a uno nuevo denominado Puerta del Noroeste de acuerdo con el estudio de viabilidad aprobado por el Centro de Transportes y Logística de Benavente y aceptado por la Junta y por los integrantes de la Mesa de Trabajo del Plan de Fomento Territorial, el concejal benaventano atribuyó al Partido Popular la autoría del impulso a la reindustrialización de la ciudad y de la comarca (incluyó a la Junta de Castilla y León y a la Diputación) y acusó al equipo de Gobierno de coalición PSOE e IU de haber retrasado el desarrollo industrial de la ciudad. Vega llegó a exhortar al alcalde Luciano Huerga a pedir más dinero al Gobierno y expresó su temor a que los tres millones que pondrá Benavente endeuden al Ayuntamiento.

El popular, como hiciera el día 28, cuestionó que la inversión pública prevista, de algo más de 11 millones, sea suficiente (según sus cálculos serán 17 millones porque hay que sumar IVA, beneficio industrial y gastos generales), y que los plazos se cumplan (el plan parcial en derogación, cuestionó, no será sustituido inmediatamente por el nuevo).

A su juicio, y aunque el estudio económico-financiero de Arup estima que el grado de apalancamiento de la inversión será similar haya fondos públicos o solo privados (escenario este último en el que se sustenta precisamente el estudio) el plan solo cuenta con 6,3 millones cuando necesitaría al menos 12 cuando no los 17 que él ha calculado.

Tras cuestionar cómo se adjudicó a Arup el estudio y el procedimiento seguido desde el CTLB sin contar con informes municipales y de espaldas a la Ley de Contratos del Sector Público, dijo, manifestó sus dudas de que sea viable desarrollar las 60 hectáreas del sector norte habida cuenta de que el suelo tiene 45 propietarios privados con los que se tiene que negociar por el sistema de cooperación.

De cualquier modo, el edil, que terminó insistiendo de neuvo en que el dinero público lo pueda absorber el polígono de San Cristóbal si el plan de Benavente se retrasa en el tiempo, pidió una ampliación del plazo de tres a cinco años, y propuso modificar el Plan General mientras se consuma la derogación del Benavente III para actuar en los sectores 10 u 11 (este último eliminado con la derogación) por fases, y preferiblemente en este último porque hay suelo municipal.

Vega se mostró convencido de que la ampliación se producirá (de hecho así lo anuncio ya tras la reunión del día 28 el viceconsejero de Economía y Competitividad) pero cuando se le preguntó cuál sería el destino de los 1,5 millones de euros anunciados por la Diputación para el Plan de Fomento de Benavente esta fue su respuesta: "Pues no lo sé, debería preguntarle a la presidenta de la Diputación. No sé si a Benavente, a San Cristóbal o a los dos".