Los más de 30 propietarios del número 1 de la calle Cortes Leonesas iniciaron ayer las obras de demolición del edificio, declarado en ruina por el Ayuntamiento el pasado mes de enero debido a su avanzado estado de deterioro. La propiedad, tras ponerse de acuerdo, ha encargado la demolición del inmueble, cuyos restos serán sacados de la zona a través de un sola que da a la calle Herreros.

La orden de ejecución fue comunicada a los propietarios la segunda semana de enero tras resolverse las alegaciones presentadas en el Ayuntamiento y después de que la Comisión Territorial de Patrimonio propusiera el mantenimiento de la fachada principal dada su calidad constructiva y la protección que le otorga el Plan General de Ordenación Urbana.

Los informes técnicos municipales concluyeron que las condiciones en las que se encuentra la fachada son prácticamente idénticas a las que determinaron su inclusión en el Catálogo Municipal de Bienes Protegidos, "por lo que no sólo procede su conservación, sino que además deberá mantenerse en buenas condiciones de seguridad, salubridad y ornato públicos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente".

Sobre el edificio, entiende el Departamento de Urbanismo que concurren las circunstancias que motivan la declaración de ruina, para lo que se tiene en cuenta el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León que establece que las obras y actuaciones necesarias para mantener o reponer las condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad deben exceder el límite del deber legal de conservación, que equivale al 50% del coste de reposición a nuevo del inmueble.

Las obras precisas para devolver al inmueble las condiciones adecuadas de seguridad fueron valoradas por los servicios técnicos municipales en 607.805,51 euros, mientras que el coste de reposición del inmueble se calculó en 642.745,92 euros, cantidad que excede del porcentaje establecido legalmente.

Significativamente, la Junta de Gobierno Local concedió licencia de obras para el proyecto de derribo del edificio en mayo de 2014, tres años antes de que el Ayuntamiento se viera obligado a iniciar el expediente de declaración de ruina, en septiembre de 2017