El Servicio de Extinción de Incendios de Benavente le ha costado a las arcas municipales 438.000 euros entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018. El déficit municipal se ha disparado hasta los 218.000 euros, una cantidad superior incluso al déficit que afrontan los contribuyentes benaventanos por el servicio de abastecimiento y saneamiento.
El Servicio de Intervención acaba de hacer públicos los datos y el equipo de Gobierno ha pedido una reunión urgente al Consorcio Provincial de Extinción de Incendios para renegociar el convenio de financiación.
La Diputación Provincial aporta al servicio 220.000 euros anuales, algo más de la mitad de lo que cuesta realmente. Aunque el actual equipo de Gobierno, que ha puesto en marcha la funcionarización de las plazas de la plantilla en aplicación tanto del Estatuto Básico del Empleado Público como de las recomendaciones jurídicas municipales (los informes de la Secretaría Municipal advirtieron en el mandato anterior de la situación de fraude de ley en la que se encontraba la plantilla del parque y abogaba por la funcionarización), ya preveía a primeros de 2017 que los costes se dispararían, el hecho de que los tres primeros puestos cubiertos con funcionarios (uno fijo y dos interinos) no se consumase hasta finales del año pasado le llevó a retrasar una petición de negociación que anteriormente siempre ha estado marcada por la polémica.
El Consorcio de Extinción de Incendios de la Diputación Provincial asumió la titularidad del parque de Benavente y los costes de dotación de equipos, elementos de transporte, y mantenimiento de las instalaciones, pero el personal pertenece al Ayuntamiento.
Aunque la competencia de la prestación del servicio le corresponde a la Diputación Provincial, con Benavente se da esta anómala circunstancia desde la creación del servicio, una circunstancia que se ha mantenido pese a la desaparición de la Mancomunidad de municipios que gestionaba el parque.
El Ayuntamiento ha remitido una carta al Consorcio solicitando "un aumento de la cantidad asignada en el convenio actual como consecuencia del incremento del coste del servicio derivado de la progresiva funcionarización del personal en base a datos reales" y también un análisis del "estado en que se encuentra la dotación de los respectivos EPIS (equipos de protección individual de seguridad) al personal bombero y la comprobación de su idoneidad". La reunión podría celebrarse en el plazo máximo de dos semanas.
