El investigado por un delito continuado de apropiación indebida en el caso de los programas del Toro Enmaromado de Benavente en el periodo 2012-2014, Andrés Rivera, devolvió el dinero menoscabado a las arcas municipales a finales del pasado mes, aunque hoy por la mañana comparecerá como acusado en el Juzgado de lo Penal número 1 de Zamora.

La vista se celebrará a partir de las 11.30 horas y en ella declarará como testigos trabajadores municipales y cargos políticos, entre ellos el alcalde de Benavente Luciano Huerga.

Rivera realizó el ingreso de la cantidad defraudada (unos 6.500 euros aproximadamente), aunque fuentes municipales, que confirmaron este extremo, han explicado que en principio no está previsto que se alcance entre las partes un acuerdo que lleve a una sentencia de conformidad. De ser así la vista se celebraría tal y como está previsto.

Rivera es el único acusado en el procedimiento. Durante la instrucción se archivó la imputación contra una funcionaria municipal, y a raíz de las declaraciones tanto del que había sido su principal colaborador como de una trabajadora municipal la juez decidió investigar a la exconcejal de Festejos Bárbara Palmero por un presunto delito de malversación de caudales públicos. El fiscal jefe solicitó posteriormente el sobreseimiento de la causa contra Palmero al entender que no concurrían los elementos del tipo penal.

"A la vista de la instrucción practicada es evidente que no existe duda alguna respecto a la imputación del delito de apropiación indebida efectuado en el auto, pero no podemos decir lo mismo respecto al segundo de los delitos investigados y a la persona que ha sido objeto de imputación en el citado auto", sostuvo el fiscal en referencia a Rivera y a Palmero respectivamente. La instructora dio curso a la petición y sobreseyó la causa contra la exedil en noviembre del año pasado.

Durante la instrucción del procedimiento, el colaborador acusado negó haberse apropiado de dinero alguno. En la primavera de 2016, después de haber asegurado al fiscal al fiscal que mantenía una relación laboral con Bárbara Palmero en el Ayuntamiento, declaró en sede judicial que era un voluntario sin contrato que no recibía contraprestación económica alguna.

Rivera aseguró también que había entregado el dinero recaudado de la venta de los programas a la tesorera accidental los años 2012, 2013 y 2014, a petición de la propia funcionaria "porque era mejor entregarlo en efectivo" y "para evitar problemas con la oposición". La tesorera accidental, que también prestó declaración en aquel momento, negó tajantemente ambos extremos.