El Partido Popular vaticinó ayer una "crisis de Gobierno" por las obras de Santa María, con las que estarían disconformes algunos concejales del equipo de coalición PSOE e IU. Según el popular Manuel Vega, que citó como fuentes trabajadores municipales pero sin dar nombres de los ediles supuestamente disconformes ni aportar prueba alguna, el equipo de Gobierno habría decidido delegar la aprobación de proyectos y modificados de las obras de Aquona en el alcalde para evitar escenificar en el Pleno una ruptura de voto.
La afirmación de Vega estuvo precedida por la descripción de un panorama desolador y "de nefasta gestión" por las obras en el centro de la ciudad. El segundo portavoz, José Manuel Salvador, responsabilizó al alcalde de todo lo que está sucediendo en el centro. Salvador, que habló de quejas abrumadoras sin concretar más, calificó de "bajeza" que la edil de Urbanismo acusara al PP de querer que las obras se paren para causar más molestias al comercio y a la ciudadanía.
Manuel Vega, tras predecir la referida crisis en el Gobierno local de coalición -"existen reproches de pésima gestión entre unos y otros", dijo- mostró su rechazó al sistema de "decretazo" en la aprobación de proyectos y modificados que antes correspondía al Pleno, e incluso prefirió que la delegación se realizase a la Junta de Gobierno. A su juicio y pese a lo que dicen los informes de la secretaria municipal, el contrato con Aquona no ofrece ninguna duda "de que el órgano de contratación es el Pleno". Considera también que el alcalde pretende ocultar el contenido de los decretos al no haberse realizado la delegación en la Junta de Gobierno Local y sostiene que los modificados que se pueden realizar son de gestión de servicios y no de obras.
Vega explicó que los plazos de la obra de Santa María están vencidos y advirtió de que el Ayuntamiento tiene que penalizar a la empresa o resolver el contrato. "No se puede aprobar un modificado con los plazos de ejecución vencidos" dijo, y advirtió también que se incurriría en un fraude de ley si el modificado que se aprueba es técnico y no económico.
El concejal dijo confiar en los informes que emiten los técnicos (por el emitido por la secretaria que considera legal la delegación en el alcalde) y a renglón seguido aseguró que en todo caso estos informes son interpretables. Cuando se le preguntó por qué no acudía el PP a los tribunales si tales son las ilegalidades que se están cometiendo, esta fue su respuesta: "Se valorará pero tendríamos muchos procedimiento judiciales que abrir y estamos por la labor de colaborar y advertir. Que los que están gobernando se dediquen a trabajar y no desviar su atención con procedimientos judiciales".
