El Grupo Municipal del Partido Popular ha hecho pública una denuncia contra el Ayuntamiento por la contratación en el año 2016 de una agencia de espionaje, ubicada en Salamanca, con el fin de hacer un seguimiento a un trabajador municipal durante varios días. Aunque ha preferido no explicar la ocupación de este empleado público por salvaguardar sus datos, según ha podido saber este periódico, lo que se pretendía con esta actuación era descartar la posibilidad de que la baja laboral de este trabajador fuera fraudulenta.
Explican los populares que se han encontrado con una factura de 2.844 euros para esta actuación, entre los gastos jurídicos que afronta el Ayuntamiento. "El conocimiento de esta factura es fruto de la fiscalización que hemos hecho. Pedimos los gastos jurídicos y aparte de esta factura, de la que hemos pedido explicaciones en comisión informativa, en 2017 hemos fiscalizado el gasto jurídico por valor de 50.000 euros a lo que hay que añadir juicios aún pendientes de resolver", explicó José Manuel Salvador. Además de 30.000 euros más en indemnizaciones a trabajadores, este mandato.
"Sospechamos algún seguimiento de espionaje más a algún trabajador", añadió Manuel Vega, quien señaló que "el equipo de gobierno no informa absolutamente de nada. Tenemos conocimiento de que es posible que se esté espiando a algún trabajador más o empresa de Benavente en la misma línea. Y esperamos que no sea así no solo por el importante gasto que supone para las arcas municipales, sino también por la actitud del Ayuntamiento".
El PP explica que el resultado de la investigación pagada en el año 2016 fue "nulo". De modo que "si se buscaba la comisión de alguna falta o incumplimiento de un trabajador no se detectó que se estuviera cometiendo".
Asegura el PP que no se le ha motivado la contratación de esta empresa de espionaje y, por tanto, "si no hay justificación alguna, debe ser el concejal responsable el que lo pague del bolsillo. Esperemos que no sea un capricho más".
