Presos políticos, falta de libertades, violencia policial, golpe de estado a la democracia, represión franquista, etc.", son expresiones cuidadosamente seleccionadas y machaconamente divulgadas por los independentistas catalanes, para tratar de crear una atmósfera nacional e internacional confusa que favorezca sus intereses. Son unos expertos en convertir circunstancias individuales o acciones concretas sacadas de contexto en datos que convenientemente maquillados dan la apariencia de ciertos.

El destituido Gobierno Catalán y sus satélites, por mucho que se empeñen en mostrar al mundo el victimismo ancestral del que se han servido para romper definitivamente la paz social, se han convertido en un grupo de políticos derrotados, aferrados a excusas pueriles que no convencen a casi nadie, pero que alimentan resentimientos peligrosos entre los que creen en sus promesas.

Culpan de la derrota a España por su falta de democracia, a Europa por su poca sensibilidad y a los catalanes porque tienen que hacer más sacrificios para conseguir sus objetivos, pero son ellos los fracasados no la parte del pueblo catalán que les otorgó su confianza. La vulneración sistemática de las Normas establecidas les convierte en agitadores profesionales que les inhabilita a sentarse en una mesa de dialogo entre demócratas.

Además del desastre económico y la fractura social provocados por estos irresponsables, su actos también tienen consecuencias negativas en el desarrollo de las autonomías, ya que los ciudadanos miran con recelo a los que pretendemos que regiones históricas como la Leonesa aspiren a ser comunidad autónoma propia. Esta aspiración legítima, avalada por los artículos 2 y 143 de nuestra Constitución, tiene por objeto proteger de manera eficaz el patrimonio de la Región Leonesa, mejorar las condiciones sociales y laborales de los ciudadanos situados más al Oeste de Castilla y León y contribuir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas, a la unidad y estabilidad de España.

En estos momentos de caos político, los ciudadanos esperan que las personas que dirigen las instituciones estén a la altura de las circunstancias y gestionen con sensatez la confianza que han depositado en ellos. Esto realmente es una ilusión, porque desgraciadamente comprobamos en los últimos tiempos que dirigentes y aspirantes, son incapaces de articular un discurso serio y convincente que permitan atisbar una salida clara al conflicto catalán. Por otro lado vemos que algunos alcaldes manejan sus municipios como verdaderos cortijos abanderando propuestas que no representan al conjunto de sus ciudadanos.

Es lamentable que personajes mediáticos alimenten la agitación con declaraciones radicales, sin tener en cuenta que se deben a personas con distintas sensibilidades y que deportistas o instituciones deportivas de reconocido prestigio, que son referencia para muchos ciudadanos, se olviden del espíritu deportivo que les une y se alineen con posturas políticas con las que no se identifican una parte de ellos.

Desgraciadamente, por otro lado, la percepción que tienen los españoles sobre la independencia del sistema judicial en nuestro país es mala y así lo reflejaron los datos del Eurobarómetro en abril del presente año, con un 58% de los españoles que la consideran como mala (39%) y muy mala (19%). Los motivos a los que atribuyen principalmente esa baja percepción son debidos a interferencias políticas y a las presiones por parte de intereses económicos.

Es cierto que los datos se obtienen a partir de encuestas sujetas a errores y a situaciones sociales coyunturales, pero no cabe duda que es un índice importante a tener en cuenta en las próximas reformas judiciales. En cualquier caso, esta percepción negativa no debe hacernos dudar del buen hacer de los profesionales de la justicia ya que si no fuera así, el sistema democrático habría desaparecido hace tiempo.

Este embrollo en el que estamos sumidos, ha sido pensado y desarrollado concienzudamente para que desde el caos creado, los independentistas muestren una utopía ilusionante. Afortunadamente la sociedad española en general y la catalana en particular tienen la madurez necesaria para derrotar a quienes pretender destruir la convivencia pacífica de todos los españoles. A esto se une el reconocimiento internacional a nuestro Estado de Derecho con los índices que evalúan la calidad democrática de nuestro país. Organizaciones como Fredom House, el Banco Mundial y la influyente revista The Economist, en base a muchos indicadores, sitúan a España en posiciones relevantes, respecto a los países de nuestro entorno, lo que demuestra con datos objetivos, que las falacias independentistas son los estertores de un cadáver que se resiste a dar por finiquitado su "procés" fuera de la Ley.

Estos reconocimientos no deben hacernos bajar la guardia y recrearnos en la autocomplacencia. La experiencia democrática nos dice que los problemas hay que abordarlos en toda su extensión, contemplando todas las propuestas y sensibilidades y desde luego desplegando mucha pedagogía para revertir la situación creada.