12 de julio de 2017
12.07.2017

UGT anuncia que recurrirá ante el TSJ la sentencia que valida la extinción de contrato del encargado de la OMIC

La Federación de Servicios Públicos acata pero no comparte el fallo judicial

14.07.2017 | 00:24
Miembros de FSP-UGT y del comité de empresa en la rueda de prensa

El secretario general provincial de la Federación de Servicios Públicos FSP-UGT, Francisco Estravís, anunció ayer la presentación de un recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tras conocerse el fallo del Juzgado de lo Social de Zamora que entiende ajustada a derecho la extinción del contrato del encargado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), de Benavente.

Estravís ha precisado que la Federación de Servicios Públicos de UGT acata y respeta la sentencia "a pesar de nuestra disconformidad con el fallo" y ha explicado que la sentencia no juzga la política de Personal del Ayuntamiento de Benavente. "Así que pretender como pretende el concejal de Personal que esta sentencia es un respaldo a su política es un exceso verbal que no se corresponde con los hechos".

El sindicalista ha opuesto las seis sentencias condenatorias y contrarias al Ayuntamiento con "importantes indemnizaciones" a favor de los trabajadores, como muestra de lo contrario de lo afirmado por el concejal, además de la ganada por la Policía Local y la que acaban de presentar los agentes, según ha dicho. A juicio del sindicato, sea cual sea la decisión de los tribunales sobre este asunto, "el Ayuntamiento no estaba obligado como afirma el concejal de Personal, no tenía ninguna necesidad, de promover la inmediata extinción del contrato del compañero para no incurrir en el enésimo fraude de ley". Según su tesis, que defenderá en el recurso ante el TSJCyL, "el fraude de ley se habría cometido hace mucho tiempo. Mucho más de lo que lleva la actual corporación y el contrato tendría la condición de indefinido no fijo, como estamos defendiendo".

Por contra, el sindicato entiende que si se acepta el criterio de la letrada de la Administración municipal benaventana, "del que no fue informado nuestro compañero de manera clara, el plazo de dos años para que la institución municipal volviera a incurrir en un fraude de ley con este trabajador habría comenzado a contar desde febrero de este año, lo que daba tiempo de sobra a tomar decisiones reposadas sobre el asunto incluida la convocatoria pública del puesto de trabajo en la Oferta de Empleo Público de 2018, lo que hubiera evitado que el Ayuntamiento perdiera un valioso efectivo y nuestro compañero el puesto de trabajo".

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