07 de julio de 2017
07.07.2017

La magistrada considera ajustada a derecho la extinción del contrato del encargado de la OMIC

El Juzgado de lo Social da la razón al Ayuntamiento y rechaza que el despido fuera nulo o improcedente

10.07.2017 | 00:42
Oficina de Información al Consumidor en la Plaza Mayor.

El Juzgado de lo Social número 2 de Zamora ha dado íntegramente la razón al Ayuntamiento de Benavente en la extinción del contrato del encargado de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), que fue contratado en ese puesto para cubrir la excedencia de la titular del puesto, excedencia cuya vigencia máxima era de diez años. No hubo nulidad por la extinción del contrato a este trabajador por ser miembro del comité de empresa, como alegó; ni despido improcedente, al considerarse la extinción del contrato ajustada a derecho. La juez ha acordado fijar la antigüedad del trabajador en 2007 y no en 2003.

La Concejalía de Personal del Ayuntamiento benaventano ha interpretado esta resolución, que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), como "un espaldarazo a la política de personal del Ayuntamiento de Benavente, en este caso en cuanto a la permanencia en el empleo público del trabajador al que se le extinguió el contrato".

"De haber obrado en sentido contrario, hubiéramos incurrido en el enésimo fraude de ley originado en este Consistorio, fraudes de los cuales este equipo de Gobierno no es responsable en ninguno de los dos años de mandato y seguiremos por esta senda", ha añadido.

En este caso concreto, la Concejalía de Personal recuerda que desde el primer minuto ha mantenido que se trataba de una finalización de contrato y no de un despido improcedente "como clamó a los cuatro vientos la Federación de Servicio Públicos de UGT para lo cual dieron hasta una rueda de prensa, acusándonos de despido por cuestiones sindicales, de ofrecerle un nuevo contrato en peores condiciones laborales y siempre dando a entender que era una cuestión de represalias y no de una extinción laboral ajustada a derecho", como ha entendido la magistrada.

La Concejalía ha recordado también que UGT exigió la readmisión del trabajador de forma inmediata" o dicho sindicato rompería relaciones con el Ayuntamiento, lo que sonaba claramente a amenazas y a un intento de chantaje, a lo cual se unió el circo mediático promovido por el Partido de los Fraudes de Ley por excelencia, el Partido Popular".

Según el concejal de Personal y Seguridad Ciudadana, Jesús Nieto, "a pesar de las desafortunadas declaraciones del responsable de UGT, Francisco Estravis", la Concejalía de Personal apuesta por el diálogo y por ello ha hecho "un llamamiento al sentido común, al diálogo colaborativo y constructivo para intentar llegar a acuerdos y no pretender imponer ni judicializar absolutamente toda acción de Gobierno, llamamiento que se hace extensible al resto de centrales sindicales".

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