03 de junio de 2017
03.06.2017
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El PP anuncia que suspende el acuerdo para renovar el Poder Judicial

El Ayuntamiento pide a núcleos con partidos judiciales que se sumen al rechazo

04.06.2017 | 05:25

Abogados y procuradores del partido judicial de Benavente salen a la calle para manifestar su "absoluto rechazo" al acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de 25 de mayo por el que se atribuyen al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Zamora los litigios derivados de la hipotecas, cláusulas suelo, gastos, y demás cláusulas abusivas.

Más de setenta personas se dieron cita ayer a las puertas de los juzgados de Benavente donde se leyó un escrito contra la decisión del CGPJ, un acuerdo sobre el que las juntas de gobierno de los colegios de abogados y procuradores de Zamora ya han mostrado su disconformidad, así como el decano del colegio de abogados de Zamora quien ha adelantado que el acuerdo será impugnado ante la Jurisdicción Contenciosa, tanto por el Consejo General de Abogacía de España como por el de Castilla y León.

"Nosotros consideramos que la medida no garantizará la prestación de un buen servicio público judicial y que se infringe el ordenamiento jurídico", señalaron. "Además, supone un ataque al medio rural y en particular a Benavente, pues conlleva un alejamiento del justiciable respecto al órgano judicial natural, provocando gastos y desplazamientos para los ciudadanos que tendrán que devengar para defender sus legítimos derechos frente a las entidades financieras", añaden.

Consideran también que se desaprovecha la potencialidad de los juzgados de Benavente, con capacidad para asumir estos asuntos e implica una merma del número de procedimientos a resolver en Benavente, suponiendo una reforma encubierta de la demarcación judicial, lo que en un futuro próximo podría justificar la decisión de suprimir estos juzgados de instancia y que se implanten los tribunales provincial con sede únicamente en Zamora, contribuyendo a la despoblación y al empobrecimiento de esta comarca".

Lamentan también que la medida se adopta sin la necesaria dotación de medios ni presupuesto por parte del Estado "lo que provocará graves disfunciones, puesto que el juzgado designado carece de capacidad para absorber la avalancha de demandas".

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