No quedan más peldaños que subir para colmar la paciencia de los ciudadanos en relación con los escándalos de corrupción protagonizados por servidores públicos. Estamos en la cresta y es difícil, aunque no imposible, superar la emponzoñada imagen que transmiten muchas instituciones públicas por culpa de unos desalmados que saquean impunemente el erario público.
Que algunos partidos políticos y algunas instituciones han estado mirando hacia otro lado es una obviedad indignante que se confirma en los últimos tiempos. Las cuentas ocultas del expresidente de la Comunidad de Madrid en Suiza fueron denunciadas desde finales de 2014 hasta el 2015 por personas físicas, o a través de escritos anónimos a la Dirección Nacional del PP y ningún responsable hizo nada. Podemos "llegar a entender" que la esposa del yerno del Rey no se enterase de lo que hacía su marido, pero que la Casa Real estuviera ignorante de sus supuestas actividades delictivas, parece que no cuela y más que nada porque de las arcas públicas sale una cantidad nada despreciable para que se preserve la imagen de la Institución. Que el partido del ex "molt honorable" y la burguesía catalana no se enterasen de las presuntas actividades delictivas del clan Pujol es algo difícil de comprender, salvo que el "3% o el 4%" tapase muchas bocas.
Estos nuevos corsarios del siglo XXI debían gozar de patente de corso para hacer sus tropelías, porque no tiene otra explicación que sus insaciables saqueos se realizasen a lo largo del tiempo, sin que nadie hiciera algo por atajarlo. Este amparo, dejación de funciones o como se quiera llamar, desconozco si está tipificado como delito en el Código Penal pero los legisladores se lo deberían pensar, ya que a fin de cuentas si sus responsables directos conocían sus presuntas actividades delictivas y no lo denunciaron, por lo menos en encubrimiento sí que incurren. El ciudadano está harto que bajo el amparo de la responsabilidad política se diluyan acciones presuntamente punibles y se queden sin castigo.
La RAE, define la corrupción en las organizaciones, especialmente en las públicas, como "la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores".
Estamos desgraciadamente habituados, a asociar la corrupción política a beneficios económicos, pero hay otra corrupción quizá menos llamativa que pasa desapercibida pero igualmente dañina para el ejercicio democrático. Estoy hablando de utilizar el cargo público para entorpecer la acción de gobierno con malas artes, para perpetuarse en el poder o en la memoria ciudadana a costa de lo que sea, como construir un aeropuerto inútil o una pasarela fantasma.
¿Qué objeto tiene denunciar, ante la Inspección de Trabajo que en el derribo realizado en la Casa del Guardagujas por el Ayuntamiento de Benavente los operarios "corrieron el riesgo de inhalar el amianto desprendido durante la destrucción de la cubierta de uralita de una parte del inmueble", sin comprobar antes si existía dicho tóxico? Cualquier técnico consultado lo hubiera detectado, sin embargo quien hizo la denuncia optó por la vía más alarmante para la opinión pública con el objeto de desprestigiar la decisión tomada. Lo políticamente correcto hubiera sido informarse previamente antes de denunciar, pero evidentemente esto no hubiera sido nada llamativo y por supuesto no hubiera generado noticia alguna.
Corrupción política es construir una obra cuyo objetivo es servir de monumento ostentoso al que la promovió, como prometer para captar votos una auditoría de las cuentas de la malograda pasarela benaventana y posteriormente cuando se está en el gobierno olvidarse del tema.
Todo este tipo de corruptelas políticas causan un grave deterioro en la sociedad que ve impotente cómo el que se corrompe obtiene beneficio, sin que los mecanismos que debieran actuar para evitarlo actúen eficazmente.
Esto me lleva a pensar que hay una carencia de principios y valores en los integrantes de los equipos de gobierno, políticos, funcionarios y técnicos que dan pie a la corrupción, al abuso de autoridad, a la prevaricación o a la negligencia. Esta situación tiene que revertir drásticamente si no queremos que la sociedad de la espalda definitivamente a sus representantes públicos, lo que nos llevaría a una sociedad decadente en la que las doctrinas extremistas tienen su caldo de cultivo. Es muy importante que en la política municipal, en donde el político, el funcionario y el técnico están estrechamente relacionados con el ciudadano, sus actuaciones sean siempre transparentes y éticamente correctas.
