La Junta de Castilla y León no avalará los 40 millones que necesitan los promotores de la biorrefinería multifuncional en Barcial del Barco para poner en marcha el proyecto porque la normativa regional "no permite avalar un importe tan cuantioso", pero ha aconsejado a Magdala que exponga el proyecto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
El Grupo SEPI es un holding empresarial público con participación directa y mayoritaria en 15 empresas y más de 73.000 profesionales. Tiene una fundación, competencias sobre la Corporación RTVE y participación directa minoritaria en otras nueve compañías.
El proyecto de la biorrefinería multifuncional, por la envergadura de la inversión inicial, sí tendría encaje en una teórica participación inversora de este grupo público según la consejera de Economía, Pilar del Olmo, que ayer celebró que la promotora esté dispuesta a transformar la sociedad limitada en sociedad anónima y a renunciar a tener el control de la empresa (esto es, al 51% de la sociedad) si hay inversores financieros que puedan hacerse con la mayoría.
La concentración protagonizada ayer ante las puertas de las Cortes de Castilla y León por la plataforma pro biorrefinería congregó a 70 personas y sirvió, además de para registrar las adhesiones de más de 60 ayuntamientos de la provincia de Zamora y del sur de León en la sede del Consejo Económico y Social (CES), para que una delegación fuese recibida por la consejera de Economía, Pilar del Olmo y su equipo, y por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente.
Antes, el alcalde de Benavente, Luciano Huerga; el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Juan Dúo; y el responsable de la plataforma, Manuel Suaña, leyeron distintos manifiestos en el que recordaron la situación de despoblación y de pérdida de tejido industrial que padece la comarca benaventana; la falta de impulso de un proyecto que cuenta con todo tipo de bendiciones; y las cualidades de una actuación que podría significar un notable avance socio laboral para un extenso territorio agrario en el norte de la provincia de Zamora y el sur de León.
El proyectista y promotor del proyecto, Vicente Merino, tuvo la oportunidad de explicar el potencial de la biorrefinería a la consejera de Economía. Merino recordó el interés del Banco de Santander como principal inversor financiero de un pool bancario en el caso de contar con un socio industrial, y el interés de un grupo japonés en adquirir la producción de biocombustible durante cinco años.
Merino llegó a anunciar la intención de empresas de la zona en participar como inversoras -en concreto citó de forma autorizada a Quesos El Pastor-, e insistió en la importancia de contar con un aval de 40 millones para poner en marcha la biorrefinería.
La consejera de Economía, que elogió el proyecto y lo calificó de viable, acogió este dato como una buena noticia, a la que sumó la intención de Magdala de renunciar al 51% del proyecto. En cualquier caso no dejó de aclarar que la Junta no podría legalmente avalar 40 millones de euros y tras recomendar explorar la vía del SEPI, anunció con carácter general y en relación con la situación económica de la comarca, la bajada de un 50% del precio del suelo en el polígono de Villabrázaro y la instalación de dos medianas empresas en la zona. Vicente Merino elogió la "competencia" de Del Olmo y de su equipo y calificó, junto con la plataforma, de "positivo" el resultado del encuentro.
La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, recibió a la delegación seguidamente y se ofreció a mantener la unidad que ha imperado entre los grupos políticos en relación con este proyecto.
