Al igual que hicieran la Agencia Tributaria y el Servicio Municipal de Intervención con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), el Ayuntamiento y la Dirección del Catastro prevén firmar un convenio de colaboración que permitirá al Consistorio detectar los casos de alteración catastral no comunicados.

En el caso del IAE, la Agencia Tributaria nombró al interventor municipal agente tributario, lo que en el último año ha permitido investigar si las empresas estaban cumpliendo la normativa. Esa investigación ha permitido al Ayuntamiento realizar decenas de liquidaciones a sociedades que estaban tributando por debajo de sus obligaciones reales.

En el caso del IBI, el acuerdo con el Catastro permitirá al Ayuntamiento notificar a este las alteraciones catastrales que detecte y actuar en consecuencia a la hora de reclamar el Impuesto de Bienes Inmuebles urbano o rústico. En 2016 se emitieron un total de 21.412 recibos de IBI de naturaleza urbana con una base imponible de 741 millones de euros, y una base liquidable de 656 millones. La cuota íntegra del tributo rozó los 4 millones de euros, y la líquida superó los 3,7 millones. Del IBI rústico se emitieron 864 recibos con una base imponible y liquidable de 21,8 millones de euros. La cuota íntegra ascendió a 176.749 euros y la líquida a 165.659. Un porcentaje importante del impuesto no se llega a cobrar.