El Ayuntamiento de Benavente, siguiendo los informes jurídicos y urbanísticos emitidos por los técnicos municipales, dará traslado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zamora de la construcción de un camino por parte de la sociedad Hostal Alameda en una zona verde pública por si fuese constitutivo de un ilícito penal, tal y como determina el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. La comunicación será cursada en los próximos días, según informó ayer la Concejalía de área.

El cierre de la explanada de acceso al Hostal Alameda acometida por su propietario llevó a la sociedad hostelera a abrir un camino invadiendo espacio libre público catalogado como zona verde. Urbanismo ordenó cerrar el acceso e inició sendos expedientes de restauración de la legalidad y sancionador por la comisión de una infracción urbanística grave.

La sociedad presentó alegaciones que los técnicos acaban de resolver y que han permitido conocer que, durante un largo periodo de tiempo, en el entorno de las instalaciones hoteleras se llevaron a cabo acciones urbanísticas no amparadas por licencia y contrarias al planeamiento que hoy por hoy habrían prescrito.

Respecto a la invasión de la zona verde, el informe de la arquitecta municipal ha desestimado las alegaciones presentadas. El camino se ejecutó a lo largo de una zona calificada por el Planeamiento como "Espacios libres públicos. Sistema local existente. Zona verde", y afecta a una superficie aproximada de 975 metros cuadrados. El acceso se llevó a cabo con material procedente de reciclaje, con un espesor de unos 75 centímetros.

"Se considera que dichas obras son ilegalizables e incompatibles con el Planeamiento Municipal, por lo que procede ordenar la demolición de lo ejecutado y la reposición de los bienes afectados a su estado anterior, todo ellos a costa de los responsables", dice literalmente el informe técnico.

Del mismo modo, propone impedir "de forma total y definitiva los usos a que diera lugar", en referencia al acceso de vehículos al hostal, y simultáneamente se ordena que la demolición y la reposición de los bienes afectados a su estado anterior sea ejecutada en el plazo de un mes.

Al margen de las sanciones derivadas de la infracción urbanística, que serán determinadas en el expediente sancionador, los técnicos proponen también la imposición de multas coercitivas hasta conseguir que se ejecuten las medidas de restauración de la legalidad. El número máximo de multas será de diez, impuestas con periodicidad mínima mensual por un importe equivalente cada vez al mayor de los siguientes, esto es, el 10% del coste estimado de las medidas de restauración de la legalidad, el 10% del valor de las obras que hayan de demolerse o reconstruirse, o 1.000 euros en su defecto. Además el importe de los gastos, daños y perjuicios de la ejecución subsidiaria y de las multas podrá ser exigido mediante procedimiento de apremio.