El Ayuntamiento de Benavente iniciará acciones judiciales para pedir los intereses de demora de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) no construidas, según se informó en la Comisión Informativa de Hacienda y se votará en Pleno el próximo martes. Como son cuestiones que se habían aprobado en Pleno, los efectos deben acordarse por el mismo órgano.
La institución local ha devuelto esta semana 572.890 euros que las arcas municipales recibieron en diciembre de 2007 como anticipo a las tareas que nunca llegaron a realizarse con la llegada de la crisis económica, según argumentó el entonces alcalde, Saturnino Mañanes. Esta cifra corresponde a la subvención que la Junta de Castilla y León dio entonces y reclamó después.
A su vez, el equipo de Gobierno pedirá la devolución de los intereses de demora, por valor de 143.348 euros. Se apoyan para esta reclamación en la Ley de Subvenciones de Castilla y León que regula el reintegro de cantidades y establece que "no se devengarán intereses de demora cuando los hechos no sean imputables al beneficiario", según explicó la concejal de Hacienda, Patricia Martín, que considera que el Ayuntamiento no tiene culpa de que no se llegara a poner ni la primera piedra en el solar previsto para cincuenta viviendas.
Mientras el proceso se pone en marcha y haya sentencia firme, el Ayuntamiento deberá continuar pagando esos intereses de demora hasta saber si en el Juzgado le da la razón, por lo que se ha solicitado un fraccionamiento para pagar en cuatro anualidades. Se abonarán 35.800 euros al año cada mes de noviembre.
Según informó este periódico a finales de octubre, la Consejería de Fomento resolvió negativamente un recurso de reposición presentado en noviembre de 2013 por el entonces alcalde, Saturnino Mañanes, en contra del procedimiento de reintegro iniciado por la Consejería de Fomento por un presunto incumplimiento del convenio.
Según las informaciones avanzadas dadas a conocer por este periódico en su momento, las dificultades de las dos constructoras que participaron en el proceso debido a la crisis económica y de las notables exigencias de las entidades bancarias fueron las causas que impidieron construir las VPO, causas que el actual equipo de Gobierno consideran no son imputables al Ayuntamiento, argumento principal para lograr la devolución de los intereses de demora.
