La exigencia del pago de 143.000 euros de intereses legales por parte de la Junta de Castilla y León al Ayuntamiento benaventano por el anticipo de la ayuda para la promoción fallida de 50 viviendas de protección pública en un solar de la antigua plaza de toros "vulnera dos leyes y un decreto regional". Así se recoge en la propuesta municipal de acuerdo para emprender acciones legales contra la orden de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta que reclama la devolución de un anticipo de 572.000 euros para la construcción de las viviendas más los intereses legales devengados desde el desembolso de esta cantidad.

El informe jurídico municipal que da vía libre al inicio de acciones judiciales concreta que en lo que se refiere a la exigencia de intereses de demora por parte de la Administración regional se ha infringido la Ley de Subvenciones de Castilla y León, la Ley de Hacienda de Castilla y León y el decreto que regula el reintegro de cantidades abonadas en concepto de subvención y ayuda por la Administración general e institucional de la Comunidad.

Dos artículos concretos de las dos leyes (el 50.3 y el 122.11) y otro del decreto (el artículo 2) establecen "que no se devengarán intereses de demora cuando el reintegro sea consecuencia de hechos no imputables al beneficiario". En el recurso de reposición planteado por el Ayuntamiento en noviembre de 2013 ya se planteó que la cancelación de la subvención fue debida a hechos no imputables al Consistorio de Benavente y este argumento se reiterará ahora en sede judicial. De hecho, el informe jurídico que propone el inicio de acciones legales considera que la orden de la Junta vulnera por los motivos expresados "bienes y derechos" de la Administración Local benaventana.

En el recurso de reposición de 2013 que la Junta rechazó primero por silencio, admitió dos años después, y rechazó de nuevo al mes siguiente, se hacía notar que el Ayuntamiento hizo todo lo posible tras la quiebra de la primera constructora y la adjudicación de las obras a una segunda firma, por desarrollar el proyecto, que quedó encallado debido a la crisis y las exigencias que las entidades financieras planteaban a los interesados para financiar las hipotecas.

Como ya informó este periódico, el inicio de acciones legales no evitará sin embargo que el Ayuntamiento tenga que abonar los intereses legales, lo que hará en cuatro plazos y en cuatro años en la confianza de que finalmente las cantidades que se abonen sean devueltas por la Junta por orden del juez.