El controvertido chalé del exalcalde Saturnino Mañanes no es la única construcción que se enfrenta a una orden de demolición en el área de inundabilidad localizada a ambos lados de la carretera nacional N-525. Tras este caso se conoció otra resolución similar y ahora la Alcaldía ha decretado la demolición de otros tres casetos edificados en zona rústica e inundable, todos ellos ubicados en la margen izquierda de la carretera, casi en el límite del término benaventano con el de Santa Cristina de la Polvorosa.

Los informes técnicos consideran ilegalizables los inmuebles objeto de los expedientes y han desestimado las alegaciones de los propietarios que apelaron a la existencia de licencia urbanística previa, a la antigüedad de las construcciones, a la prescripción de la infracción en cada caso, y a la inactividad municipal respecto de la verificación de las obras. En base a estos cuatro punto han pedido el archivo de los expedientes.

Los técnicos municipales han basado la desestimación de las alegaciones en el hecho de que hasta la denuncia que motivó las inspecciones por parte del Ayuntamiento no se tenía conocimiento de la existencia de estas construcciones, que se habían realizado en suelo rústico y careciendo de licencia, puesto que las autorizaciones concedidas en su día nada tenían que ver con las obras realizadas.

Lejos de decretar el archivo y en base a las prescripciones del Departamento de Urbanismo, la Alcaldía decretó en mayo tres órdenes de demolición con un plazo de ejecución de tres meses. La resolución, que ordena sin paliativos la restauración de la legalidad urbanística, impide los usos de estos inmuebles, abre la vía de la ejecución subsidiaria a costa de los propietarios y advierte que en caso de incumplimiento se impondrán multas coercitivas.

Uno de los expedientes afecta a una edificación auxiliar de dos plantas y 60 metros cuadrados de superficie; otro a una edificación auxiliar de una planta con 79 metros cuadrados de superficie, un porche adosado y un caseto auxiliar de otros 18 metros cuadrados. En el tercer caso, la construcción objeto del expediente afecta a una construcción de 38 metros cuadrados.

Estos tres casos y al menos otros dos, sin contar el que afecta al exregidor municipal, han motivado también la instrucción de diligencias judiciales a partir de las denuncias de particulares. El Ayuntamiento ha remitido a la juez la información urbanística que obra en su poder en relación con al menos los tres últimos expedientes que se resolvieron hace apenas un mes. De hecho la inspección girada por los técnicos del Departamento de Urbanismo a estas construcciones fue motivada por la denuncia de un particular que también se encuentra incurso en un expediente de restauración de la legalidad urbanística similar.