El arquitecto municipal, José Juan Barba, dio por «reasentados» los Cuestos de la Mota y descartó la posibilidad de que la obra de consolidación pudiera venirse abajo.

Casi dos años después de encargar por su cuenta un informe visual a la empresa Rodio Kronsa en el que, tras recorrer los cuestos «de lado a lado y de arriba abajo» se advertía del riesgo de derrumbamiento y del posible deslizamiento de hasta 60.000 metro cúbicos de tierra, Barba redactó un escueto informe descartando un «colapso» y dando vía libre a la reparación de los desperfectos que se habían producido en los muros, especialmente bajo el parque infantil.

«En relación con la situación de las obras de consolidación de los Cuestos de la Mota de Benavente se informa que: hace un año y medio se detectaron movimientos no previstos en las obras según los informes emitidos y la documentación gráfica anexa. Ante los movimientos, desajustes roturas y desprendimientos de los muros y placas de tierra armada, se procedió a su delimitación y seguimiento. Dado que no es previsible un colapso de la obra, que parece haberse reasentado, procede iniciar los trabajos de reparación de los desperfectos ocasionados. Los trabajos deben iniciarse con la mayor brevedad. Los trabajos deben ejecutarse por los responsables civiles de dichas obras», dice literalmente este informe de Barba, fechado el 7 de septiembre de 2006. Este informe tiene como anexo fotografías de los testigos colocados en los muros.

El documento sirvió para que el Ayuntamiento, presidido por el socialista Manuel García Guerra, incoase un expediente de vicios ocultos y pidiese a las empresas redactora y constructora, Tecopysa y Hertasa, que presentasen alegaciones. Con todo, este expediente no tuvo vía libra hasta enero de 2007, esto es, casi cuatro meses después de que Barba firmase el documento.

Tanto la constructora como la redactora contestaron en un plazo de diez días, pero el expediente no se resolvió. De hecho quedo archivado y caducó a los tres meses. Según los técnicos municipales, si el PP se lo hubiera encontrado en aquel momento entre los asuntos pendientes, lo que según el PP no ocurrió porque se había llevado al Archivo Municipal, el expediente tendría que haberse reiniciado de nuevo.

El silencio a las alegaciones podría entenderse en cualquiera de los dos sentidos, pero según el equipo de Gobierno actual, lo que los servicios jurídicos municipales precisan es que el expediente se dejó caducar y por lo tanto no hubiera sido posible continuarlo salvo incoar otro nuevo, posibilidad que se baraja hora, seis años después.