El delegado territorial de la Junta, Alberto de Castro, escenificó ayer el apoyo de la Administración regional a Asprosub, dio un espaldarazo a la labor de la junta directiva «pasada y presente» y confirmó que la Asociación por la Defensa de las Personas Físicas y Psíquicas «Virgen de la Vega» de Benavente «ha cumplido con los requisitos» de las subvenciones concedidas, que suman casi dos millones de euros a través de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Consejería de Economía para planes especiales de empleo.

Alberto Castro aseguró que «indiscutiblemente hay que hacer un acto de reconocimiento» a la asociación y subrayó que su visita «no es casualidad». «Creo que hay que hacer un reconocimiento a los profesionales y también a los directivos de Asprosub» dijo y explícitamente afirmó que «los directivos se encontraron una asociación en una situación agónica y desesperada, y aceptaron el reto de reflotar con el apoyo de todos para intentar que esa problemática no se transfiera a los chicos y chicas que realmente es la parte más importante».

En relación a la acusación de Comisiones Obreras sobre el empleo de subvenciones para pagar indemnizaciones, Alberto Castro indicó que Asprosub «cumple con los requisitos» exigidos por la Junta sobre las ayudas que se le han concedido, y a renglón seguido advirtió de «que no todo vale». «Cuando hablamos con una empresa hay que cumplir con la legislación laboral pero hay que tener más sensibilidad cuando hablamos con Asprosub o con cualquier ONG, que puede tener relación laboral pero la finalidad no es la misma», aclaró. Por este motivo Castro pidió a los sindicatos en general y a Comisiones Obreras en particular «que tienda canales de comunicación y de acuerdo con la empresa» para «que se solucionen todos los conflictos» porque «cualquier acusación puede hacer daño a una empresa, más aún a una fundación como es la Fundación Personas, y más aún a Asprosub Benavente donde lo más importante siempre es la atención de la 307 plazas que tienen, que son personas que necesitan una atención personalizada y que por supuesto tenemos que velar que la reciban».

El delegado insistió en el hecho de que cuando la Junta da una subvención «por supuesto garantizamos que los requisitos que se le han exigido» y reiteró que en el caso de Asprosub, «desde el punto de vista de la Gerencia y de Economía, los están cumpliendo».

El presidente de la asociación, Domingo Rodríguez, calificó a su vez las acusaciones vertidas por los responsables provincial y regional del Sindicato de Educación de Comisiones Obreras de «barbaridad». «No se puede hacer demagogia con unas afirmaciones que están fuera de todo lugar y que hacen mucho daño a una asociación», adujo.

Rodríguez precisó dirigiéndose a los sindicados y «al partido político que más está atacando a la asociación, que esto no es una empresa al uso: que no hay propietarios ni accionistas y cuando se quiere atacar a alguien, a los únicos que se ataca es a los chicos», que son «los usuarios».

Rodríguez aseguró que la junta directiva es refractaría a las críticas porque «no nos pueden hacer daño ninguno puesto que estamos aquí altruistamente, no nos jugamos nuestro dinero, no nos jugamos nuestro prestigio, no tenemos ninguna disciplina política, no tenemos ninguna disciplina confesional y estamos aquí para salvar o intentar salvar un barco que estaba muy tocado y prácticamente hundido. Y si nos dejan saldremos adelante. Si no nos dejan, pues que vengan ellos, se hagan cargo de esto y que gestionen por la misma nómina que tenemos nosotros: cero euros».

Rodríguez admitió que el resultado de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -sentencia «que acato aunque no comparto»- obliga a pensar una nueva reestructuración del personal, pero no dejó de subrayar algunos de los problemas detectados por la actual directiva cuando se hizo cargo de la gestión hace un año y medio. «Hay exceso de trabajadores y exceso de sueldos, que es lo más grave», afirmó. «Hay unos sueldos muy por encima del mercado y con unas titulaciones no acordes con las funciones que tienen que desarrollar. Incluso tenemos que cumplir el mandato de la Junta de Castilla y León, cubriendo ratios en todos los campos y resulta que tenemos una sobrecarga de técnicos, de jefes. Tenemos pocos empleaditos que se encarguen de cuidar a los chicos y los chicos necesitan cuidados de todo tipo. Entonces nos sobran técnicos y nos hacen falta auxiliares. Y eso es lo que hemos pretendido: sustituir técnicos por auxiliares», precisó.

Domingo Rodríguez rechazó que desde la junta directiva se haya hecho «persecución a nadie por su ideología política, sindical, confesional, o que es bajito o alto» sino que se ha actuado realizando despidos y nuevas contrataciones de auxiliares en función «de las necesidades» de los usuarios. «Los chicos tienen que estar limpios, cuidados, aseados, entretenidos y felices, y para eso si echas a unos tienes que contratar a otros, no puedes dejarlos ahí. Se contrataron a algunos para ir cubriendo algunos puestos porque las personas que entraron en el ERE no tenían la cualificación suficiente para cubrir las plazas de auxiliares que se necesitaban y a dos o tres que sí la tenían se les reubicó».

En aplicación de la sentencia, los nuevos contratados, en periodo de pruebas, han sido despedidos, y sus puestos cubiertos por los readmitidos. «Nosotros teníamos una idea que no era la ideal, pero si buena para que esto funcionara de otra manera», explicó.